El ataque del último sábado contra la minera Poderosa, con el brutal asesinato de nueve trabajadores, indica que los grupos delincuenciales activos en el territorio de Pataz (La Libertad) y alrededores están dispuestos a conquistar mayores espacios de poder político, de control de territorios y de volúmenes del negocio minero. Lo sucedido es un paso más en esa dirección: representa una decisión calculada no solo de escalar la presión sobre la minería formal, sino también de plantarse abiertamente contra la autoridad y el dominio territorial del Estado Peruano.
La minera Poderosa, en un comunicado del sábado 2 de diciembre, señala que, “con anterioridad, los ataques de las bandas criminales, que incluyen a mineros ilegales, habían ya resultado en la muerte de otros siete colaboradores”. Ciertamente, el liderazgo de estas acciones recae en las bandas, algo que debe quedar claro porque implica un enemigo organizado y poderoso.
Dante Vera, de V&C Analistas, se refería hace unas semanas a la violencia creciente en la zona de Poderosa y precisaba que, “en el caso del Tren de Aragua, su presencia en el norte del país tiene dos propósitos: facilitar el negocio de la trata de personas y comenzar a tener presencia en lugares de explotación aurífera” (“Energiminas”, 29/8/23). El país se enfrenta, entonces, a bandas criminales transnacionales. El desafío es mayúsculo.
Es clave entender que, para manejar su negocio ilegal –minería, trata de personas, narcotráfico, tala, contrabando o una combinación de estos– tales bandas requieren controlar territorios. Es una condición indispensable para su crecimiento y consolidación. Por eso, las autoridades harían bien en prevenir –¿o combatir?– su expansión hacia Cajamarca y hacia Cajabamba, en particular en las zonas con explotación minera. Esto incrementaría la presión sobre una parte considerable del norte del país, tomando en cuenta la presencia de minería ilegal incluso en la frontera con Ecuador, en particular en el Cenepa.
Pero las bandas también requieren infiltrarse en el Estado. No se proponen su destrucción, a diferencia de una estrategia subversiva clásica, pero sí penetrarlo y transformarlo a su conveniencia. Por eso se mimetizarán y buscarán capturar voluntades en los gobiernos locales, regionales e incluso en el gobierno nacional, y al ir lográndolo –si no hay reacción de parte del Estado y la ciudadanía– serán cada vez más difíciles de combatir y derrotar.
¿Qué hacer? ¿Por dónde empezar? En el caso del norte y ante el ataque en Pataz, urge una presencia múltiple del Estado: un destacamento policial sólido, fortalecimiento del trabajo de inteligencia de la policía –con tecnología apropiada y personal calificado–, y jueces y fiscales especializados en crimen organizado y delitos medioambientales.
Desde otro ángulo, marca una pauta el esfuerzo de los dirigentes y defensores de la Amazonía, porque sin el liderazgo local cualquier labor será aún más ardua. Esta labor es aún poco valorada por la sociedad. Los líderes amazónicos continúan desprotegidos por el Estado a pesar de que, según datos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre el 2020 y el 2023 asesinaron a 15 de ellos. Sin ir muy lejos, el 29 de noviembre mataron a balazos al defensor ambiental Quinto Inuma Alvarado, líder kichwa, presidente de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu, en San Martín. La urgencia incluye, pues, garantizar la seguridad de los defensores locales, los mejores aliados para desterrar la violencia de los delincuentes. No es gratuito que el alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariño, exija la presencia de la presidenta Boluarte en su localidad.
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