En un Gobierno que se jacta de ser amigable con la inversión privada y estar en las antípodas del de Pedro Castillo en ese aspecto, es francamente increíble el tratamiento que se le está dando a una empresa estatal como Petro-Perú.
Esta semana, el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, confirmó que es una decisión del Ejecutivo que se le adjudique, sin ningún tipo de concurso, tres lotes petroleros en Talara cuyos contratos están a punto de vencer, haciendo oídos sordos a las empresas que han mostrado interés en operarlos y a las quejas de los gremios del sector por la falta de competencia.
La adjudicación de los lotes I, VI y Z-69 a la petrolera estatal, pese a que no tiene de dónde invertir para mantener su nivel de producción y a que estaría yendo más allá del rol subsidiario que le permite la Constitución, está siendo posible porque Perú-Petro, en lugar de promover la inversión en el sector hidrocarburos, se ha convertido en una especie de agencia de promoción de los intereses de Petro-Perú.
El anuncio de Vera, sin embargo, no sorprende debido a que, además de su trayectoria de varias décadas en la petrolera estatal, el ministro ha reconocido ante el Congreso que sigue siendo trabajador de la empresa –gerente de Operaciones, según su hoja de vida–. Como si eso fuera poco, basta recordar que convivió alegremente como miembro del directorio en representación de los trabajadores con los designados por Perú Libre en la petrolera, incluyendo el exgerente general Hugo Chávez Arévalo, investigado por presunta corrupción.
¿Cómo confiar en que Vera va a tomar decisiones imparciales que favorezcan el adecuado manejo de los recursos hidrocarburíferos en el país y no solo los resultados de la petrolera estatal? Parece difícil.
El problema es que el actual desastre en el que se encuentra Petro-Perú ha sido causado, precisamente, porque las decisiones de los sucesivos gobiernos sobre la petrolera han sido más políticas que técnicas y la han dejado ahogada con el costo de casi US$6.000 millones de la modernización de la Refinería de Talara y sin acceso a fuentes de financiamiento porque su calificación crediticia fue rebajada a nivel “basura” en el 2022.
Pero Petro-Perú no se contenta con los lotes, sino que le ha pedido a Vera que el Tesoro Público le siga regalando plata de todos los peruanos. Según una carta difundida por Canal N, Petro-Perú ha hecho una larga lista de pedidos de auxilio financiero al Minem como convertir un préstamo por US$750 millones del 2022 en un aporte de capital, hacer otro aporte de capital por alrededor de US$1.500 millones –adicional al aporte de US$1.000 millones del año pasado– y garantizar una línea de crédito de comercio exterior del Banco de la Nación por US$1.000 millones.
Si el Ejecutivo aprueba estas demandas, estaría entregando un inmerecido premio a la incompetencia de Petro-Perú y confirmando que, al menos en lo que respecta a la petrolera, las cosas no han cambiado mucho tras el fin del gobierno de Castillo.
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