Más que ingresos

Entre el 2004 y el 2019, el Perú logró un crecimiento económico promedio de alrededor de 5,1%, muy por encima del promedio regional, que permitió que la pobreza se reduzca significativamente del 48,6% al 20,1%. Sin embargo, a pesar de estos logros importantes, las condiciones sociales y económicas impactadas por la pandemia, y agravadas por las crisis nacionales y globales, han causado un importante retroceso en los avances en reducción de la pobreza logrados durante este siglo. Al día de hoy, en el Perú hay más personas en situación de pobreza y vulnerabilidad monetaria que antes de la pandemia.

Para el 2022, la pobreza monetaria afectó al 27,5% de la población, poco más de nueve millones de personas, un porcentaje equivalente al del 2011. Mientras la pobreza urbana casi se duplicó en relación con el período prepandemia, la pobreza rural se ha mostrado persistente en los últimos años.

Entender la pobreza únicamente a través de los ingresos trae consigo importantes limitaciones para la identificación de la pobreza y el diseño de las políticas. Una mirada más comprehensiva nos permite abordar la pobreza como un fenómeno multidimensional, e identificar las múltiples carencias a las que están expuestas las personas.

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se viene trabajando a escala global en la generación de distintas medidas de pobreza multidimensional, en un esfuerzo por entender y generar información necesaria alrededor de esta. En el Perú, el Instituto de Desarrollo Humano para América Latina propone una medida multidimensional de la pobreza, aterrizada al contexto peruano, que incluye 12 indicadores agrupados en seis dimensiones: salud, educación, agua y saneamiento, energía, vivienda y empleo, y previsión social.

Bajo esta mirada, si consideramos en situación de pobreza multidimensional a las personas que enfrentan carencias en al menos dos de las seis dimensiones, estaríamos hablando del 48,3% de la población. Si observamos esta medida en zonas rurales, la pobreza multidimensional asciende al 87,1%, cifras que contrastan con el 41,1% de personas en situación de pobreza monetaria en las mismas zonas.

Entre las privaciones más importantes, encontramos que el 93,2% de las personas vive en hogares en los que al menos una persona mayor de 14 no tiene acceso a una pensión. Asimismo, el 39% de las personas reside en viviendas construidas con materiales inadecuados, el 26,7% vive en hogares donde se cocina con materiales contaminantes, y el 18,2% vive en hogares sin un sistema de desagüe adecuado. En cuanto a educación, el 19,8% de los adultos mayores de 20 años no tiene un logro educativo mínimo, y en salud, el 32,2% de las personas vive en hogares donde al menos uno de sus miembros no se encuentra afiliado a ningún tipo de seguro.

Para hacer frente a esta situación, es fundamental que las cifras de pobreza monetaria y pobreza multidimensional se observen en conjunto. Según esta medida, del total de personas en pobreza multidimensional, tan solo el 40% enfrentaría pobreza monetaria, lo que implica que un 60% de la población que vive en situación de pobreza multidimensional puede acceder a la canasta básica y quedaría descartada de los programas sociales implementados por el Gobierno.

Es fundamental realizar las reformas estructurales necesarias que faciliten un crecimiento inclusivo y sostenible, considerando que en el Perú enfrentamos una tasa del 70% de informalidad. Una de las principales herramientas para la reducción de la pobreza es el crecimiento económico, no solo por su contribución a la creación y mejora del empleo, sino a través de los impuestos que se generan producto de la actividad económica y que permiten la inversión pública en infraestructura y en el gasto social.

De acuerdo con la OCDE, el sistema fiscal peruano se caracteriza por mantener baja presión y tener una base imponible reducida, que son insuficientes para satisfacer las crecientes demandas sociales y realizar las inversiones necesarias para el desarrollo sostenible de la población. De igual modo, en el Perú la tasa de incumplimiento tanto en el pago del IGV como del impuesto a la renta empresarial es relativamente alta.

En ese sentido, para promover el crecimiento inclusivo y sostenible es necesario reforzar y mejorar la capacidad del Estado para ejecutar las inversiones públicas necesarias para cerrar las brechas de infraestructura y servicios, así como fortalecer la posición fiscal del Perú, de modo que sea más eficiente y redistributiva. Asimismo, reformar las finanzas subnacionales, permitiendo una clara distinción entre las responsabilidades de gasto de los distintos niveles de gobierno y adaptando el presupuesto para ser más acorde con las necesidades subnacionales.

Una visión más amplia de la realidad de la pobreza en el Perú será la guía que marque la ruta para las reformas necesarias, el primer paso para asegurar que nadie se quede atrás. Así, podremos avanzar hacia un país más inclusivo, donde comprendamos que la pobreza es más que ingresos.