“El Perú está en emergencia por los derechos de las mujeres, lo que genera responsabilidad del Estado”, señaló la Defensoría del Pueblo a raíz de una espeluznante sucesión de violaciones y feminicidios en un marzo brutal que anunció lo que sería este nefasto 2023. Y es que, en términos de muertes y agresiones contra centenares de compatriotas, además de niñas e incluso bebes, este año puede ser visto como uno de agravamiento de la violencia contra las mujeres peruanas e incluso extranjeras, sin que el Estado haga nada por resolverlo.
Muy por el contrario, basta recordar que en dicho mes la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, acusó a las víctimas de no escoger correctamente a sus parejas. Todavía me indigna recordar su falta de empatía, así como el caso de esa niña de 11 años que resistió valientemente a ser violada por Yeisson Lescano Leiva, que en represalia la atacó con un martillo en la cabeza, insertándole un par de clavos de 16 centímetros. Un martirio inenarrable que le perforó su cerebro causándole la muerte. Como abuela, me quedé impactada ante tanta vesania contra un angelito que tal vez aún jugaba con sus muñecas y soñaba con una vida mejor en su Satipo natal. Tal como probablemente ocurrió con los hijos pequeños, incluido un bebe de ocho meses, de la enfermera de Puno violada por dos “compañeros” de trabajo, que le causaron la muerte luego de provocarle un coma del que nunca despertó.
#QuitémonosLaVenda es una gran campaña promovida por Unicef que tiene por objetivo visibilizar una situación de crueldad extrema contra las poblaciones más vulnerables del Perú y el mundo. En nuestro caso particular, esta problemática puede ser denominada como una de sistematización del martirio contra las mujeres peruanas, entre ellas decenas de niñas privadas de su inocencia y alegría. ¿Quién no recuerda a las quemadas, acuchilladas, abaleadas? ¿Cómo no conmovernos ante todos esos cuerpos rotos (en muchos casos irreconocibles) de hijas, madres o esposas encontrados en los tachos de basura? La deshumanización que va tomando por asalto nuestras ciudades, y por qué no decirlo hogares, hace que lentamente se vaya normalizando el horror. Un horror inenarrable como lo vivido por esa niña cuyos dos abuelos la violaron y embarazaron. Lo más triste del caso son los patrones machistas de jueces y juezas que analizan los casos e incluso equivocadamente dictaminan el futuro de mujeres (adolescentes y niñas) cuya autoestima y salud mental se verán alteradas para siempre por su mala administración de justicia.
Es importante recordar que una violación deja estragos gravísimos tales como la depresión, el alcoholismo, el fracaso escolar, la drogadicción y la desadaptación social, que en el caso del Perú van multiplicándose exponencialmente, año a año. Entre el 2017 y el 2022, se registraron en los centros de emergencia mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 74.413 casos de violación sexual contra menores, el 92% fueron niñas y adolescentes mujeres. A esta estadística espeluznante se le debe agregar que el 25% de las niñas fueron violadas por sus padrastros y el 19% por sus propios padres, como fue el caso de Camila, una niña que fue abusada desde los nueve años. Menos del 10% de los agresores están en prisión y nuestro descalabrado sistema judicial tarda muchos años en emitir una sentencia en caso de violación sexual.
Vivimos en un mundo que no quiere y, más bien, desprecia la vida de los niños y niñas que representan el futuro y la esperanza. En esta sociedad global –que parece haber escogido la muerte a la vida y la guerra a la diplomacia y el diálogo–, las niñas son traficadas en nuestra Amazonía o raptadas luego de ser testigos del asesinato de sus padres como ocurrió el 7 de octubre pasado con los ataques de Hamas. Más aún, en la Gaza del asesinato masivo de inocentes, las madres escriben los nombres de sus hijos en sus piernas para poder reconocerlos luego de los bombardeos israelíes. ¿Qué hacer en una situación límite como la que estamos atravesando en la que la guerra y las carencias económicas no dan tregua a los más débiles? Instituciones como Unicef tienen un rol que jugar, pero es a la ciudadanía a la que le corresponde no solo denunciar la violencia –física y psicológica– con la que se trata a las mujeres, sino embarcarse en campañas dirigidas a nuestras niñas para que las ayudemos a valorarse mediante el autodescubrimiento del inmenso potencial que poseen. ¡Luchemos por ello!
Comparto está mesa de conversación con Cesar Azabache:
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