Enfrentamos un contexto adverso para la lucha contra la pobreza. Las condiciones favorables que posibilitaron su reducción durante este milenio han cambiado (crecimiento económico, contexto internacional). El escenario actual está marcado por ajustes a la baja en las proyecciones de crecimiento, inflación, impactos de la pandemia, debilitamiento institucional, contexto internacional deteriorado y emergencias climáticas (fenómeno de El Niño).
En el 2022, la pobreza monetaria se incrementó afectando al 27,5% de la población, más de nueve millones de personas. Unos 628 mil ciudadanos cayeron debajo de la línea de pobreza con respecto al 2021 y la pobreza se incrementó en 16 regiones. Aproximadamente, el 70% de los pobres a nivel nacional se encuentra en las ciudades.
Las políticas de lucha contra la pobreza enfrentan un doble desafío: el recrudecimiento de la pobreza extrema rural y el crecimiento de la pobreza urbana. Los instrumentos de política pública disponibles no están diseñados para responder a esta nueva realidad. El Estado Peruano cuenta con experiencia acumulada de intervención en ámbitos rurales, lo que brinda una base para potenciar estrategias multisectoriales (Desarrollo e Inclusión Social, Desarrollo Agrario, Vivienda, etc). En contraste, no se cuenta con capacidad estatal instalada ni con una estrategia clara para responder a la pobreza urbana.
Si bien enfrentamos un escenario retador para la lucha contra la pobreza, esto no debe convertirse en excusa para la inacción o la inercia. Es necesario que la lucha contra la pobreza reciba mayor prioridad en el debate político y en las agendas del Ejecutivo y del Legislativo. Los tomadores de decisiones y actores políticos deben actuar con sentido de urgencia frente al incremento de la pobreza, inseguridad alimentaria y deterioro de la calidad de vida de millones de peruanos. Asimismo, la sociedad civil tiene un rol crucial ejerciendo vigilancia ciudadana para evitar el uso político o clientelar de la asistencia social.
Es necesario aprender de la experiencia adquirida. El bono Yanapay (apoyo económico individual de S/350 entregado entre setiembre del 2021 y julio del 2022) tuvo un carácter cuasi universal (13,5 millones de personas). De haber sido focalizado en los hogares más pobres, dicho subsidio pudo haber sido más efectivo y reducir la pobreza hasta en tres puntos porcentuales (Lavado, Liendo y Guzmán, 2021). La “bonificación” de la política social no es una estrategia sostenible ni efectiva en términos de resultados. La situación de los hogares más pobres no mejora con la entrega de un bono aislado, sino que requieren soportes sostenidos de protección social.
El Estado Peruano debe centrar sus esfuerzos en fortalecer programas y estrategias que hayan dado buenos resultados, así como generar nuevas soluciones para problemas emergentes (pobreza urbana). El Perú cuenta con programas sociales y programas de desarrollo productivo con amplia experiencia operativa en el territorio nacional que cumplieron un rol crucial durante la emergencia sanitaria del COVID-19. Los programas de transferencias monetarias son un instrumento muy potente si cuentan con un diseño claro, adecuada focalización y sistemas de monitoreo y seguimiento.
Retomar la senda de reducción de la pobreza es uno de los principales desafíos que enfrenta la gobernabilidad democrática en el Perú. Para ello, es indispensable recuperar el crecimiento económico y mejorar el clima de inversiones, lo que permitirá ampliar el espacio fiscal para la protección social, así como impulsar la generación de empleo. Las políticas económicas y las políticas sociales no deben seguir en cuerdas separadas.
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