Percepción extendida de deterioro

A contracorriente del inmovilismo instalado en la política, dos recientes columnas reseñan un cambio. Un deterioro, para mayor precisión. Y, aunque poca relación tenga con ellas, resulta significativo que la encuesta más reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) de enero grafique, precisamente, esa percepción de retroceso.

En efecto, consultados sobre la percepción del país respecto de la situación de hace 12 meses, dos tercios de los encuestados (66%) dicen que el Perú está peor (frente a un ínfimo 8% que dice que está mejor). La cifra llega a picos en el Perú rural (74%), el norte (76%), el sur (72), entre los mayores de 40 años (70%) y en el nivel socioeconómico D/E (73%).

Es entendible la sorpresa: las circunstancias de enero del 2023 eran particularmente malas. Además, no hace mucho se había salido del que quizás fue el peor gobierno en tiempos recientes. Pero las percepciones suelen anidar aspectos difíciles de traducir.

En cualquier caso, coinciden –decía antes– con el menoscabo que describen dos columnas. Juan Carlos Tafur, por ejemplo, se refiere al gobierno que lidera la presidenta Dina Boluarte como “un organismo sin esqueleto, un amasijo blandengue, flexible hasta la sumisión frente a cualquier acto que implique tomar decisiones fuertes” (Sudaca, 4/2/2024).

Entre tanto, Mario Ghibellini recurre a la vieja serie “La dimensión desconocida” para reseñar una administración que busca detener el tiempo en una situación de modorra extendida. “Quienes sostienen sus riendas [las del Gobierno], en efecto, parecerían haber descubierto la fórmula para congelar el tiempo (y haberla compartido, dicho sea de paso, con el Congreso). En su afán por dejar todo adormecido hasta el 2026, nuestras autoridades han provocado en el país un pasmo generalizado que tiene algo de pesadilla” (El Comercio, 3/2/2024).

Así, las percepciones de largo y corto plazo resultan abrumadoramente coherentes respecto del Gobierno. Tanto la mirada más recóndita que reporta el IEP (hace 12 meses) como la muy reciente que plantean las columnas de Tafur y Ghibellini grafican un severo menoscabo. El tema ya no debería ser novedoso, pero vale detenerse para ensayar mejoras, si no se quiere acrecentar el problemático legado que esta gestión dejará.

Entre la aparente voluntad por ignorar las señales que la opinión ciudadana emite (ensimismada como parece estar en su único norte: durar) y la vocación por enfrentar los problemas del país con recursos que poco hacen por mejorar la situación, la administración que lidera Boluarte dejará muchas bombas de tiempo a sus sucesores.

Ni qué decir de lo que quede en materia legislativa. A pesar del receso parlamentario, no se han dejado de presentar iniciativas de ley: 315 proyectos luego del 15 de diciembre del 2023, cuando terminó la legislatura. Algunas corresponden al Ejecutivo, pero el grueso son parte del voluntarismo congresal.

Los frentes más problemáticos serán los que constituyen hoy las principales tareas pendientes: creciente inseguridad ciudadana, marcado deterioro económico y desborde normativo.

La situación, pues, no da mucho espacio para el optimismo. Si sirve de consuelo, debe decirse que la bicentenaria historia del Perú ha tenido pocos momentos de estabilidad y una política que generase esperanza ha sido más la excepción que la norma.

Si, como todo parece indicar, el calendario electoral se mantiene, en dos años el Perú estará en plena contienda electoral. Boluarte será ya un pato rengo. Tocará preocuparse por los pasivos que su gestión deje y por cómo los afrontarán quienes sucederán al liderazgo político actual.

Por ahora, vale no perder de vista la acumulación de pendientes que genera una gestión que parece tener la mira más en la forma (una ley, una comisión, una reunión) que en el fondo. No en vano la percepción de deterioro es tan extendida.