Que la educación no se detenga

Cuando ocurre una emergencia, contamos escuelas afectadas, módulos instalados y locales rehabilitados. Son cifras necesarias. Pero debemos poner más fuerza en medir lo más importante: ¿cuántos estudiantes lograron seguir aprendiendo? La amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño costero vuelve a poner a prueba nuestra capacidad de anticiparnos. Esta vez tenemos una ventaja: sabemos que puede ocurrir y conocemos sus consecuencias. Por ello, no deberíamos esperar a que lleguen las lluvias para preguntarnos cómo mantener funcionando nuestras escuelas. El objetivo de una política educativa debe ser garantizar la continuidad del servicio y asegurar la continuidad de los aprendizajes y de la trayectoria educativa de cada estudiante. Una emergencia puede profundizar brechas que ya existen y aumentar el riesgo de abandono.

Esto exige anticiparnos. Cada territorio debería contar con un plan de continuidad educativa. Si mañana una escuela no puede abrir, deberíamos saber dónde continuarán aprendiendo sus estudiantes, cómo se mantendrá el vínculo con sus docentes, qué alternativas existen para quienes no tienen conectividad, qué materiales estarán disponibles y cómo identificaremos rápidamente a quien empieza a desvincularse. Y aquí directores y docentes son insustituibles. Son quienes conocen a sus estudiantes, sus familias y su comunidad. Un director preparado puede movilizar recursos y organizar respuestas; un docente que mantiene contacto con sus alumnos puede detectar tempranamente quién dejó de participar y quién necesita ser escuchado y acompañado. Una emergencia no solo interrumpe aprendizajes: genera miedo, incertidumbre, pérdidas y cambios profundos en la vida familiar. La continuidad educativa debe incluir también el bienestar y el soporte socioemocional de nuestros estudiantes. La escuela, especialmente después de una emergencia, es también un espacio de protección y contención.

Pero tampoco podemos pedirle a la escuela que enfrente sola una emergencia. Se requiere una verdadera articulación territorial entre Minedu, gobiernos regionales y locales, DRE, UGEL y comunidades. Y también una relación diferente con el sector privado. No para sustituir al Estado ni para esperar donaciones cuando llegue el desastre, sino para saber anticipadamente qué capacidades existen y cómo activarlas cuando cada día cuenta. Y necesitamos cambiar nuestros indicadores. Después de una emergencia, además de informar cuántos locales rehabilitamos o módulos instalamos, deberíamos saber cuántos estudiantes continuaron aprendiendo, cuánto tiempo de clases perdieron, cuántos retornaron y, especialmente, quiénes no lo hicieron. El seguimiento de la permanencia y el retorno de los estudiantes más vulnerables debe formar parte de la respuesta.

Prepararnos para el FEN es urgente. Pero construir un sistema educativo capaz de responder ante cualquier emergencia es una tarea mayor. Puede ser un huaico, un sismo, un incendio, una emergencia sanitaria o una escuela que deja de ser habitable. La resiliencia educativa no está solamente en los edificios: está en las capacidades de las personas, las instituciones y las comunidades para anticiparse, responder y recuperarse. La verdadera prueba no será cuántas escuelas logremos reconstruir después de una emergencia. Será cuántos estudiantes consigamos mantener aprendiendo, protegidos y vinculados a su escuela durante ella.