Reformas políticas para la vida real

La más importante reforma política, que no depende del Congreso, sino de nosotros mismos, sería la de aprender a respetar los plazos electorales. Pero parece que no va a ser así. Ya se ha aprobado en el Congreso, en primera votación, el adelanto de elecciones para abril del 2024. La gran mayoría de la gente lo quiere; y una mayoría dentro de esa mayoría, que viene a ser el 62% de la población encuestada, quiere un adelanto con reformas políticas para no caer en lo mismo.

¿Cuáles serían esas reformas? Tres son las que componen el paquete “mínimo” en el que coinciden muchos legisladores y comentaristas: la bicameralidad, la reelección de congresistas y las elecciones primarias obligatorias. Las dos primeras, sin embargo, siendo reformas necesarias para frenar el atolondramiento y premiar el buen desempeño de los futuros congresistas, no van a ser suficientes para romper el círculo vicioso de euforia y desencanto que nos lleva a pedir el adelanto de elecciones una y otra vez. Las elecciones primarias, por su parte, pueden resultar perfectamente inútiles, pues nada garantiza que el apoyo que reciban los precandidatos ganadores en las primarias no se convierta en repudio después (o inclusive antes) de las elecciones generales.

Las reformas electorales inmediatas deben estar pensadas para evitar ese desencanto de los electores con los congresistas por los que ellos mismos votaron (y que, por lo tanto, sí los representan, más allá del eslogan de moda). Lo que más parece irritar a la gente es la sensación de que los congresistas, una vez elegidos, persiguen sus propios intereses personales o los de quienes financiaron sus respectivas campañas. En el fondo, lo que hay que resolver es un problema de potenciales conflictos de interés.

Las normas electorales han atacado parcialmente el problema exigiendo la rendición de cuentas. Una exigencia un tanto ilusa porque la gente no se preocupa mucho por averiguar, antes de la elección, quién puso la plata para la campaña del candidato de su preferencia. Pero, ya que existe, podría ser más estricta. Los candidatos presentan sus declaraciones cuando les parece, y no hay sanciones efectivas para la tardanza ni para la omisión. Una de las reformas podría ser, entonces, que la declaración de sus ingresos y egresos de campaña sea un requisito para recibir la credencial de congresista y que, de no cumplirse en el plazo establecido, se acredite al candidato que sigue en el orden de votación.

La otra parte del problema requiere una reforma en los procedimientos internos del Congreso. Idealmente deberían inhibirse de votar a favor o en contra de cualquier proyecto de ley los congresistas que tengan un interés económico en el resultado. Sería quizás muy difícil recortarles el derecho al voto, pero lo que no sería tan difícil es limitar su participación a aquellas comisiones que no tengan una injerencia directa en las actividades a las que se hayan dedicado en el pasado o de las que dependa su patrimonio personal.

Ni la bicameralidad ni la reelección congresal, ni mucho menos las elecciones primarias, van a evitar el eventual rechazo a los congresistas si la gente cree que están conflictuados.