Rigidez laboral: receta para una efímera recuperación, por Roberto Abusada

La desaceleración en el crecimiento que empezó a finales del 2013 ha creado una situación penosa para el empleo y con ello la caída en la demanda interna. Esto ha generado un círculo vicioso que ha empeorado aun más la situación del empleo y el consumo de las familias.

La demanda interna, otrora el motor de la economía, se frenó abruptamente y mostró cero crecimiento en la primera mitad de este año. El consumo familiar, que es el componente más grande de la demanda interna (63%), se ha desplomado. Durante una década creció a 6,3%, pero desde el 2014 solo crece al 2,2%.

Junto con ese consumo, todos los demás componentes de la demanda interna; el consumo del Estado, la inversión pública y la inversión privada mostraron números negativos, restándole al crecimiento de la economía más de 3 puntos porcentuales cada año desde el 2014. Mientras que en el mundo laboral se ha deprimido el empleo formal.

Las cosas empezaron a cambiar en la segunda mitad de este año. La economía se recupera y la confianza empresarial, junto con la de los consumidores, muestra cifras mejores. La demanda interna pasará de un total estancamiento a crecer 3,7% en el tercer trimestre y a un prometedor 5% en el cuarto trimestre gracias a la recuperación de la inversión. Tras esta recuperación está el impulso de la minería y el resurgimiento del sector de la construcción, aunque ahora tal resurgimiento resulte efímero debido al duro golpe que desde el Congreso han recibido en los últimos días las más importantes empresas constructoras.

Los ojos de todos los economistas se centran ahora en lo que sucederá con el empleo, y la pregunta aquí es si la incipiente recuperación se traducirá en el aumento del empleo y en qué plazo. Para resolver estas preguntas se necesita conocer si existe algún grado de capacidad productiva en exceso. Es decir, si las empresas pueden satisfacer esa demanda creciente sin emplear más personas, y luego saber si las reglas laborales serán modificadas. Como todos sabemos, el Perú es uno de los cinco países que presentan mayores dificultades para emplear y despedir trabajadores en el mundo.

Respecto de las dificultades para la expansión del empleo formal, mucho se ha hablado de los ‘sobrecostos’ laborales. Pero sin desmerecer tal argumento, creo que la importancia de esos sobrecostos palidece frente a la enorme traba que representa la interpretación que hace el Tribunal Constitucional del artículo 27 de la Constitución. En sus fallos, el tribunal decide que la “protección adecuada contra el despido arbitrario” no es la indemnización que ordena la ley, sino que esa protección consiste en la reposición del trabajador a su puesto de trabajo.

Las consecuencias de esa interpretación, además de violar muchos preceptos incluidos en el régimen económico de la Constitución y decretar de facto la estabilidad laboral absoluta, han hecho que por más de una década emplear a un trabajador por tiempo indefinido con todos sus beneficios se haya convertido en la excepción. Hoy la mayoría del empleo se da bajo distintas modalidades a plazo fijo. Ello tiene implicancias gravísimas. Primero, se comprueba que los trabajadores a plazo fijo perciben una remuneración significativamente menor que la de aquellos empleados a tiempo indefinido. Segundo, incrementos del empleo ante un aumento de la demanda son menores cuando se dificulta la posibilidad del despido (debidamente compensado) ante fluctuaciones en la demanda. Tercero, la capacitación del trabajador dentro del centro de trabajo se reduce significativamente. Cuarto, las decisiones del trabajador de adquirir una vivienda u otros bienes de consumo duradero se reducen cuando el empleo es por tiempo fijo.

La solución a esta traba fundamental que frena la creación de empleo formal y socava el crecimiento económico es simple desde el punto de vista conceptual. Esto requiere de un esencial acuerdo político que, a mi juicio, es perfectamente factible, ya que conviene a la mayoría opositora en sus aspiraciones de ser gobierno en las siguientes elecciones presidenciales.

El Ejecutivo debe pedir facultades legislativas para efectuar cambios urgentes en el ámbito laboral. Cambios que podrían incluir algunas de las medidas que ha elaborado el Ministerio de Trabajo. Pero lo que realmente se necesita lograr con las facultades legislativas es aclarar de manera inequívoca el espíritu del artículo 27 de la Constitución, haciendo que la política laboral sea compatible con el funcionamiento de una economía moderna de mercado que promueva el empleo formal y el acceso de los trabajadores a más y mejores empleos.