Un Estado de injusticias

“Es preferible que diez personas culpables puedan escapar, a que un solo inocente sufra” es un principio del derecho penal que se conoce como la fórmula Blackstone, acuñada por William Blackstone en el siglo XV, pero su origen es incluso más antiguo y buscaba que se aplicara el principio de inocencia. Así se estableció que era mejor que diez personas culpables escaparan de la pena capital a que un solo inocente fuese condenado y ejecutado. Benjamín Franklin la popularizó e incluso elevó el ratio, llegando a señalar, en 1785, que era preferible que 100 personas culpables escapen a que un solo inocente sufriese. Lamentablemente, ni los jueces ni los fiscales en nuestro país han entendido los principios del derecho.

Cuando los ciudadanos no le ponen un alto al Estado –ese monstruo enorme al que Hobbes bautizó como “Leviatán”–, este arrasa todo, incluidas las libertades de los ciudadanos. En el Perú hemos permitido que el sistema de justicia sea utilizado como un arma contra opositores políticos y funcionarios probos. Algunos fiscales y jueces anticorrupción se creyeron el cuento de que sus puestos eran un buen trampolín para carreras políticas. Se creyeron, además, que eran los grandes moralizadores del país y que la democracia dependía de ellos. Para lograr su cometido, poco importaron las leyes, los principios del derecho y la presunción de inocencia. El abuso de las prisiones preventivas dictadas por jueces que se ufanaban de los récords que tenían se convirtió en la norma. Y los peruanos asistimos a este teatro callados. Algunos, dependiendo de las simpatías políticas, celebraban ver a Nadine Heredia o a Keiko Fujimori en prisión. Sin importar que en el camino se debilitaban las muy endebles instituciones de nuestro país.

La administración de justicia es una de las bases del Estado de derecho, ya que debe garantizar la correcta resolución de los conflictos que pudieran surgir entre las personas, partiendo de la premisa de que todos somos iguales ante la ley. Cuando la justicia es utilizada políticamente para perseguir opositores o para posicionar personas, la sociedad se debilita. Y se genera, además, un incentivo perverso: los ciudadanos de bien se alejan de la cosa pública dejándoles el espacio libre a aquellos que no tienen ni principios ni bandera.

Y ese mismo Poder Judicial que libera sicarios y extorsionadores, cabecillas de organizaciones criminales y violadores de niños, fue el que hace unos días condenó a nueve años de prisión a Sergio Bravo y Alberto Pascó-Font, exfuncionarios de Pro Inversión, por supuestamente haberse coludido con Odebrecht, JJC e ICCGSA para permitirles ganar la buena pro de la Interoceánica en el 2005, dentro del proceso contra Alejandro Toledo por haber recibido US$35 millones.

Y, pese a que las pruebas presentadas exculpan a los dos exfuncionarios de Pro Inversión como, por ejemplo, el testimonio de Jorge Barata, quien dijo que se “frustraba” en las reuniones con Bravo y Pascó-Font, ya que eran “poco influenciables” con un “nivel de independencia bastante fuerte”, o el hecho probado de que la colusión no se dio cuando se firma el contrato de adjudicación, sino durante la ejecución del proyecto con las adendas y los arbitrajes donde no participó Pro Inversión, el sistema judicial peruano los encontró culpables. Un Estado incapaz de administrar justicia es un Estado inviable.