Sobre la necesidad de contrapesos

Mientras la diáspora venezolana celebraba la detención del dictador, los internacionalistas vivieron con estremecimiento lo que no dejaba de ser una flagrante violación del orden jurídico internacional. La aprehensión —intrusa para algunos— se comprende fácilmente. Al avanzar ambiciones petrolíferas y geopolíticas por medio de la violencia y la coerción, y anticipar la posibilidad de replicarlo en Groenlandia, la Administración Trump subvierte las dinámicas del relacionamiento basado en reglas que debería guiar a la comunidad internacional. Esto no solo compromete la prohibición más elemental del uso no justificado de la fuerza, sino también deja en evidencia ante los ojos del mundo la inexistencia de contrapesos internacionales efectivos que puedan modular estos impulsos belicistas.

La falta de estos contrapesos explica la visible desaprensión del presidente Trump a la hora de presentar justificaciones de principio para la intervención en Venezuela. Ante la comunidad internacional se conduce con absoluta transparencia: sus decisiones responden a la lógica del interés y a la dinámica de la transacción. A pesar de ello, en el ámbito doméstico se advierte una preocupación, al menos performativa, de vestir sus acciones con los ropajes de la legalidad. Esta inconsistencia es producto del sistema interno de pesos y contrapesos que, aunque imperfectamente, sigue funcionando en los Estados Unidos.

La Constitución estadounidense prohíbe el despliegue de fuerzas militares en el extranjero sin autorización del Congreso. El presidente no puede, en teoría, llevar a los Estados Unidos a la guerra por decisión unilateral. Lo que para algunos podría parecer un mero formalismo constituye, en realidad, un candado institucional diseñado precisamente para impedir que la voluntad de un solo individuo, por poderoso que sea, arrastre al país hacia la espiral destructiva de la guerra.

Es por esta razón que, tras la captura a Nicolás Maduro, la operación es presentada no como una invasión militar, sino como la “extracción” de un fugitivo. El FBI participa en la operación junto a las fuerzas armadas. Al dictador venezolano se le leen sus derechos, se le detiene y comparece ante un tribunal de Nueva York. La legalidad es cuidadosamente escenificada. Trump, que en la escena internacional actúa con la desinhibición de quien no reconoce límites, dentro de casa se ve obligado a presentarse bajo el marco de la ley.

Aún así, estos esfuerzos, de momento, parecen no haber sido suficientes. El hecho de que la captura se haya visto acompañada de bombardeos de puntos estratégicos de Caracas, de un bloqueo naval y de amenazas de sostener indefinidamente la presión militar, ha llevado a que el Senado norteamericano active un mecanismo de contrapeso al aprobar, este jueves, el avance de una resolución bipartidista destinada a bloquear cualquier acción militar dentro o contra Venezuela sin la autorización previa del Congreso. Esta moción constituye un intento de reequilibrar constitucionalmente el ejercicio de un poder que se presenta ante la comunidad internacional como incontenible.

No se trata de que el sistema norteamericano de pesos y contrapesos sea infalible ni mucho menos. Es más, en el periodo más reciente, abundan los ejemplos de cómo estos mecanismos han sido eludidos, manipulados o directamente ignorados. Sin perjuicio de ello, su mera existencia, su vigencia, la posibilidad de su articulación, obliga a los actores políticos a modular sus decisiones, a calcular costos, a buscar legitimación. Los contrapesos institucionales no garantizan la prudencia política, pero sí elevan el costo de la arbitrariedad.

En materia de contrapesos, resulta inquietante dirigir la mirada hacia el Perú. Nuestro país atraviesa una crisis institucional profunda, marcada por la erosión de todo mecanismo de control. Cuando los contrapesos institucionales colapsan se debilita la democracia y, con ello, se abre la puerta a la arbitrariedad, al abuso. Incluso Trump, con todo su poder y su desapego de las normas internacionales, opera aún dentro de un ecosistema donde el escrutinio es posible. No siempre eficaz, no siempre oportuno, pero existente. Esa diferencia importa. Es precisamente lo que no existe en Venezuela, y es lo que el Perú no puede permitirse perder del todo. Reestablecer estos contrapesos se impone, entonces, como una necesidad y un acto de supervivencia democrática para resistir la deriva autoritaria.