Todo tiene su final

¿Cuándo retomamos el rumbo del país? Para algunos, toca esperar a los resultados del 2026 que, como sabemos, serán un albur. “No estamos para más inestabilidad”, según los defensores del ‘statu quo’. “Basta con tanto presidente interino”, sustentan. Efectivamente, el vaivén de inquilinos palaciegos desde el 2016 nos quita seriedad ante la comunidad internacional, como tantas otras estadísticas. Sin embargo, este gobierno es una mochila –más que pesada– para quienes la soportan: desde su inicio represivo (con más de 40 civiles asesinados por fuerzas del orden) hasta la reconfirmación de que tantos planes de reactivación, programas con “punche”, fotitos en Palacio, y Salardi han sido solo una gran mecida. El país ha llegado a un punto de inseguridad inédito y la gestión pública se ha degradado a niveles paupérrimos. Los sectores donde recae el potencial para la inversión pública (Transportes y Comunicaciones) y eran consideradas islas de eficiencia (Legado) estarían ahora controlados por mercachifles que convierten cada licitación en un negociado. Un año más de este gobierno significa que esta tendencia negativa se va a consolidar al punto de ser irreversible. ¿Estamos dispuestos a normalizar la mediocridad en aras de una gobernabilidad chicha?

Desmontar el dinismo va a ser más difícil cada día más que pase. Por ello, encuentro sensatez en quienes señalan que es ahora el momento de reenrumbar al país, para evitar que el daño al Estado sea mayor. En primer lugar, un gobierno transitorio tiene la virtud de convocar a los mejores tecnócratas disponibles para rescatar al país, y salir de una vez por todas de la mediocridad de Queros y Aranas. Anteriores experiencias interinas dirigidas por cabezas del Congreso –Paniagua, Sagasti e incluso Merino–, convocaron a tecnopols que no tenían como objetivo poner en su CV que fueron ministros por unos mesesitos, sino reparar la gestión pública. Silva Ruete fue el MEF de Paniagua y Waldo Mendoza de Sagasti, ‘just saying’. En segundo lugar, los gobiernos transitorios no son ideales para atraer a la mejor tecnocracia, sino también para llevar adelante reformas sectoriales sustantivas. Los actores políticos aceptan la situación de excepcionalidad y los reformistas ejecutan sus planes sin cálculos reeleccionistas ni en beneficio de intereses particulares. Lo mejor es que dejan al próximo gobierno –elegido en el 2026– en óptimas condiciones para llevar adelante un país con los motores ya refaccionados y encendidos. En tercer lugar, la salida de Boluarte descomprime socialmente, en un contexto preelectoral. Un gobierno de 0% de aprobación (considerando el error muestral) ha encubado sentimientos de revanchismo en el electorado que van a ser cobrados, inexorablemente, más temprano (en las urnas) que tarde. La destitución de Boluarte atenuaría esos radicalismos y daría espacio para dinámicas despolarizadoras.

La destitución de Boluarte no resulta una alternativa descabellada una vez que los congresistas –en quienes hoy radica esa responsabilidad– ya colmaron sus expectativas desde las reformistas hasta las más materiales. Cualquiera de los escándalos de este gobierno –entre acusaciones constitucionales o investigaciones fiscales– podría servir de excusa para iniciar un proceso de destitución presidencial, como ha sido en anteriores oportunidades. Ante situaciones críticas, las sociedades son capaces de tomar decisiones traumáticas como un adelanto electoral o sumergirse a un proceso constituyente como salidas constitucionales (el caso de Chile es emblemático al respecto). Pero en nuestro caso no se apela a similar excepcionalidad por dos motivos. En primer lugar, no existe el consenso mayoritario entre los parlamentarios para recabar los votos requeridos. La alta fragmentación, la debilidad de las lealtades políticas y la ausencia de liderazgos impide a los parlamentarios resolver sus problemas de acción colectiva para nombrar a un sucesor presidencial a pesar de que, aunque suene contraintuitivo, habría varios congresistas que podrían encabezar un gobierno de transición definitivamente superior al de Boluarte. A estas alturas, no es difícil. Evidentemente, la carambola podría llevar al Palacio de Pizarro a alternativas contraproducentes para el desarrollo del país, pero este es un riesgo más controlable entre 130 legisladores que el sorteo en el que se ha convertido la elección presidencial con 43 partidos. Riesgo, lamentablemente, va a haber bajo cualquier contexto.

En segundo lugar, y aunque parezca una rareza, existen actores del mundo empresarial formal –dentro del margen de error de las encuestas– que se la siguen jugando por este gobierno al cual siguen evaluando como preferible. Una cosa es un “mal menor” entre dos opciones concretas (Fujimori vs. Castillo, por ejemplo) y otra es preferir la extrema mediocridad a lo desconocido (Boluarte vs. sus peores fantasmas). Los más oportunistas (no casualmente los más mercantilistas y los más amateurs) han logrado conseguir determinadas prerrogativas de este Ejecutivo, insignificantes en el horizonte temporal en el que hay que ver la gestión pública, a cambio de una entrevista condescendiente en la prensa limeña o una fotografía de manos apretadas para las redes sociales. La mezquindad del mercantilismo se ha convertido en la última resistencia del dinismo.

Vivimos los últimos meses de un gobierno desastroso, que tarde o temprano terminará. Hemos caído tan bajo que será muy difícil que el próximo sea peor. Pero llevamos una premura como país, estancado entre una polarización improductiva, una lumpenburguesía consolidándose en el poder y nuevas generaciones que solo ven futuro con esperanza fuera de las fronteras. Por ello, yo no estoy entre los que piensan que tenemos que esperar a que se cumpla otra década perdida (2016-2026) para salir del hoyo. ¿Usted?

Nota: Por motivos personales, hago una pausa indeterminada a la publicación de mis columnas quincenales en este Diario. Agradezco al director y al equipo de Opinión por haberme cedido esta página y, sobre todo, a los lectores por acompañarme en este ejercicio de análisis que he practicado desde el exterior.