Si bien se siguen contando los votos, los resultados de la segunda vuelta muestran un país dividido en dos: uno al que llega el Estado –con sus imperfecciones– y otro al que llega tarde, mal o nunca. Las prioridades del eventual gobierno de Keiko Fujimori deberían girar en torno a esa brecha.
La lista de urgencias para conectar esos dos Perú es larga: carreteras, hospitales, colegios, agua potable. Pero una necesidad que no espera es el hambre. Así como la lucha contra la inseguridad, hoy desbordada, es lo primero a lo que debe abocarse el próximo gobierno, la reducción de la pobreza –sobre todo la pobreza extrema– debería ser una obsesión de Fujimori. Y no me refiero al asistencialismo ramplón y politiquero.
Reducirla de manera estructural exige lo que el economista Daron Acemoglu llama instituciones económicas inclusivas: inversión productiva, mercados laborales formales, acceso al crédito y a la educación. Pero ese proceso toma décadas, y entre el punto de partida y el horizonte hay millones de peruanos que no pueden esperar. Ahí es donde los programas de asistencia social cumplen una función insustituible.
Un gran logro del gobierno de Ollanta Humala –hoy preso– fue la creación, en el 2011, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, bajo el liderazgo de la economista Carolina Trivelli, investigadora principal del IEP y especialista de trayectoria en pobreza rural. La idea fundacional era clara: acabar con la fragmentación histórica del Estado frente a la exclusión. Trivelli no llegó desde la política. Llegó desde la evidencia. Con indicadores públicos, metas medibles y la convicción de que los programas sociales son un derecho ciudadano, no una dádiva.
Lo que siguió fue la historia inversa. Con Pedro Pablo Kuczynski se instaló la lógica del ministro político sobre el técnico. Pero el momento de mayor deterioro llegó con Pedro Castillo, que designó a Dina Boluarte –abogada sin formación ni experiencia en política social– como titular del Midis. La cartera que debe garantizar condiciones mínimas de sobrevivencia a los más pobres cayó en las redes del manoseo político, la incompetencia y la corrupción más escandalosa.
Un ministerio que nació para ser ejemplo técnico en la lucha contra la pobreza terminó, bajo Castillo y Boluarte, envenenando a los niños más pobres del país, como en el Caso Frigoinca, del 2024, en el que 16 estudiantes del colegio Gamaliel Churata, en Cabana (Puno), fueron intoxicados por conservas de Qali Warma. ¿Cómo creen que votaron en la segunda vuelta las familias de ese distrito de la provincia puneña de San Román? Según la ONPE, 88,8% por Roberto Sánchez y 11,2% por Keiko Fujimori. A eso nos referimos con el Estado que no llega, y cuando llega, envenena.
Si Fujimori quiere empezar a conectar con ese Perú, debe devolverle al Midis sus bases técnicas. Nombrar a un Julio Velarde al frente de esa cartera y protegerlo de las presiones políticas. No se trata de regalar pescado, como suele caricaturizarse este debate. Se trata de garantizar condiciones mínimas para que las familias más vulnerables puedan entrar al juego de la economía: que los niños lleguen a la escuela alimentados y sanos, que las madres gestantes no pierdan oportunidades por falta de apoyo, que los adultos mayores rurales no mueran en la indigencia y que los niños no vean marcado su futuro por la anemia.
Velarde lo dice del BCR con una frase que debería grabarse en la puerta del Midis: “No hay política monetaria de izquierda o derecha”. Lo mismo aplica a la política social. No hay transferencia condicionada de izquierda o derecha. Hay niños que necesitan comer y ancianos que necesitan una pensión.
*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.
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