Un test de garantía, por Fernando Tuesta

La pandemia del coronavirus ha obligado a 52 países en el mundo, de los cuales diez son de nuestra región, a postergar sus procesos electorales. Observar qué pasa en esos países y qué medidas están tomando nos permite tomar en cuenta el acierto y error de sus respectivos procesos. Tenemos para el 2021 cuatro procesos electorales: elecciones internas de los partidos políticos, elecciones primarias, primera vuelta presidencial y parlamentaria y segunda vuelta presidencial. En total, sumados la cantidad de votantes, miembros de mesa, servidores permanentes y eventuales de los organismos electorales, así como personal de las Fuerzas Armadas y policiales, tenemos alrededor de 78 millones de personas, bajo un presupuesto de 778 millones de soles.

Hemos propuesto reducir todo a dos procesos: las elecciones internas de los partidos políticos bajo el voto electrónico no presencial (VENP) –es decir, por Internet– y una sola vuelta electoral presencial, que permitiría disminuir el flujo de personas de alrededor de 76 millones a 26 millones y bajar el presupuesto de 778 millones a 295 millones de soles. Es decir, menos gente movilizada, mayor seguridad sanitaria por llevarse a cabo lo más alejado posible en el tiempo y, en consecuencia, mayor participación ciudadana y considerablemente menos dinero público utilizado.

Sin embargo, los proyectos presentados en el Congreso no miran el proceso de manera conjunta e intentan tomar decisiones que abarcan pocos aspectos del mismo, sin considerar que alterar una parte de estos cuatro eventos impacta en la realización de los otros. Según parece (ojalá se cambie), solo por deshacerse de las primarias y aspirar a elecciones internas de delegados. Esta última, por realizarse muy pronto en el tiempo, en noviembre próximo, pone en riesgo a millón y medio de militantes, al lado de varios miles de trabajadores de los organismos electorales.

Pero, además, el tema es que la experiencia indica que los procesos electorales internos de los partidos, del 2006 hasta el de febrero último, no han sido sino eventos cuestionados por los propios militantes. Lo que tiende a ocurrir es que los cargos de elección popular se mercantilizan, mientras que, en otros casos, se deciden de manera arbitraria, autoritaria o improvisada por las dirigencias.

Con motivo de las elecciones parlamentarias del 26 de enero pasado, de los 21 partidos que participaron, solo cinco solicitaron el apoyo de la ONPE con funciones limitadas. De los catorce que hicieron su selección de candidatos a través de delegados, solo se conoce de su existencia porque entregan documentos firmados al JNE. En los otros casos la participación no pasó del 15% de la militancia.

Por lo demás, hay un error al pensar que en las elecciones por delegados no participan los militantes. La norma señala que los delegados son elegidos por los militantes en cada circunscripción y estos, a su vez, en una convención o asamblea, seleccionan las candidaturas. En otras palabras, la elección es indirecta, pero deben participar todos los militantes. Sin embargo, en la práctica no es así. Los delegados son designados por dirigentes, sean nacionales o intermedios o como parte de las negociaciones entre sectores del partido. Pues bien, esas elecciones, como se quiere con la participación de la ONPE a través de asistencia técnica –función que no tiene incidencia fundamental–, costaría 70 millones de soles, sin la garantía de imparcialidad, eficiencia y participación importante de los militantes.

Lo que se ha propuesto es que, siendo una fecha cercana, se puede establecer el VENP de manera simultánea en todos los partidos, a nivel nacional y con la participación de todos los militantes, organizado por la ONPE, a quien se le debe dotar de los recursos y las normas adecuadas para que pueda, también, someter su propuesta a auditorías externas. El Reniec debería proveer del padrón y el JNE debe encargarse de resolver las controversias y desregularizar sus procesos, como bien lo propone José Luis Incio en su artículo de ayer en este Diario. Esta modalidad garantiza la participación de la militancia, la imparcialidad en la realización de las elecciones y permite bajar los costos de 70 millones a 15 millones de soles. ¿Es razonable oponerse a esto?