Una falacia legislativa

Cada vez que los congresistas son cuestionados sobre las malas contrataciones del personal de sus despachos, la respuesta es la misma: el recomendado pasó por los filtros de recursos humanos. La realidad en la práctica parlamentaria es que el área de recursos humanos no tiene herramientas suficientes para denegar la contratación solicitada por un legislador.

La última congresista en usar este argumento fue Kira Alcarraz (Podemos), quien amenazó a una periodista luego de que fuera consultada por la contratación de la amiga de su hijo en su despacho. Escuchamos lo mismo de Rosselli Amuruz (Avanza País) cuando, en el 2023, buscó justificar el ingreso de familiares y allegados de su ahora esposo Paul García.

La realidad es que recursos humanos termina siendo una mesa de partes ante los requerimientos de los parlamentarios porque no existen altos estándares para la contratación del personal de confianza. Los congresistas realizan sus requerimientos de personal conociendo el perfil exacto en el que calzan: asesor principal, asesor II, técnico, asistente o auxiliar. Solo para los cargos más altos –los de asesores–, el Congreso requiere título profesional universitario. Para el de técnico solo se necesita de formación técnica o universitaria incompleta, mientras que para los últimos dos cargos se accede con estudios secundarios completos.

Con estos bajos estándares de requerimientos profesionales, los congresistas tienen el camino servido para las recomendaciones de personal sin que puedan ser objetadas por el área administrativa. Ni siquiera se realiza una revisión exhaustiva de la documentación presentada por el personal recomendado. No se revisa la verosimilitud de los diplomas o entidades que los emiten; tampoco se comprueba al 100% que los certificados de trabajo que presentan correspondan a empresas de familiares o allegados.

Una vez instalados en sus puestos, no existe un nivel de control sobre sus labores. No se tiene seguridad sobre cuántos realizan trabajo efectivo, pese a que es conocido que mucho personal solo marca tarjeta de entrada y salida. Tampoco hay un seguimiento a las licencias: un trabajador de Eduardo Salhuana reconoció que salía en pleno horario laboral para realizar su función de regidor en la Municipalidad de El Agustino sin pedir licencia de manera formal.

Las situaciones descritas deberían enmendarse en el nuevo Parlamento bicameral. Está bien que los parlamentarios tengan una cuota política en sus respectivos despachos, siempre y cuando sean profesionales que aporten con su conocimiento técnico. ¿Qué le suma al Congreso tener personas con experiencia en organización de eventos o ‘tiktokers’? Además de que en ningún escenario se justifica la contratación de personal familiar o allegados cuyo único mérito es el nexo amical con el congresista.

El Parlamento no puede ser usado como una agencia de empleo, y resulta una pésima señal de que esta mala práctica se haya normalizado. Si queremos un Congreso bicameral que mejore la calidad del trabajo legislativo, es urgente elevar la valla de profesionales en el servicio y organización parlamentaria.