La unión civil en debate, por Rossana Echeandía

A propósito del interesante análisis que El Comercio publicó el domingo acerca de la unión civil para personas homosexuales, es oportuno desarrollar algunos aspectos que, en mi opinión, podrían interpretarse de manera distinta. Puesto el tema bajo el microscopio, rescato que se haya mostrado con claridad la existencia de cuatro proyectos cuyo debate y eventual aprobación está pendiente en el Congreso. El único que aboga por que los beneficios sustentados sean exclusivos para personas homosexuales es el de Carlos Bruce. Los otros tres son de Martha Chávez, Julio Rosas y Humberto Lay.

Entre ellos me parece más razonable lo que propone Chávez en lo que se ha llamado “régimen de sociedad solidaria”, el cual logra beneficios sociales y patrimoniales sin discriminar a nadie; es decir, ya se trate de personas homosexuales o heterosexuales que conviven. Tal como se ha dicho, en Chile se aprobó en enero el Acuerdo de Unión Civil; sin embargo, este no está restringido a parejas homosexuales. Es decir, en eso es similar a lo que propone Chávez.

Se aduce que, a pesar de la alta desaprobación, las encuestas señalan una clara tendencia a favor de la unión civil. Para ello se cita dos encuestas de Ipsos: una del 2013 en que la desaprobación fue de 65% y otra del 2015 en que esta es de 61%. Es decir, una variación de 4 puntos porcentuales en dos años de intensa campaña pro unión civil. Cualquier publicista consultado respecto a tan pequeña variación en dos años diría que la campaña es cualquier cosa menos un éxito. Es más, si consideramos el margen de error de las encuestas, +/- 2,8%, concluiremos que la desaprobación podría no haber disminuido nada. Vale la pena tomar nota también de que la mencionada encuesta es solo nacional urbana. Es muy probable que si fuera nacional urbana y rural, la desaprobación sería aún mayor.

Ahora bien, es verdad que ni una ni varias encuestas definen las normas de una sociedad. Sin embargo, estas sirven de guía a quienes sí lo hacen: los congresistas de la República que representan a quienes los eligieron. En la próxima votación de los proyectos mencionados, esas encuestas sí tendrán un peso específico. Además, en el proceso electoral que se viene sería recomendable que los aspirantes a nuevos padres de la patria expongan con claridad su posición frente a temas como el de la unión civil y el del aborto, por ejemplo. De esa manera, ese 61% o 65% (que es aún mayor para la desaprobación del aborto) sabrá a quiénes darle su voto. Los candidatos, por su parte, sabrán a qué deben comprometerse si quieren el apoyo de esa mayoría. Así es como funciona la democracia y para eso sirven las encuestas.

Se ha subrayado también que la Constitución establece que el Estado Peruano es laico, por lo que la legislación no puede dar preferencia a las concepciones de alguna religión. Aquí hay dos aspectos que vale la pena analizar. 

El primero es que la Constitución también dice que la comunidad y el Estado deben proteger, no a la religión, pero sí a la familia. El segundo es que (artículo 50) “el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”. Es decir, es obvio que la ley no se dicta en función de las concepciones religiosas, pero también es innegable que la religión, y la Iglesia Católica en particular, es parte constituyente de nuestra cultura, está impregnada en el ADN de la nación y casi todas sus expresiones la contienen.