Editorial: Avanza Lava Jato

El martes, los exrepresentantes de Odebrecht en el Perú Jorge Barata y Ricardo Boleira fueron interrogados por miembros del equipo especial Lava Jato con el objetivo de decodificar los ‘codinomes’ que aparecen como destinatarios de una serie de pagos hechos por la empresa a propósito de 14 obras.

Entre todo lo revelado durante la cita, lo más resaltante ha sido la declaración que señala al ex primer ministro César Villanueva como la persona detrás del ‘codinome’ ‘Curriculum Vita’ y como el supuesto receptor de un total de US$60 mil por parte de la empresa cuando era gobernador de San Martín. Según Barata, los pagos tuvieron que ver con la carretera San José de Sisa, obra que fue adjudicada durante la gestión de Villanueva, y fueron ejecutados por orden de Eleuberto Martorelli, exejecutivo de la firma en el Perú. Tras el destape, el expresidente del Consejo de Ministros emitió un comunicado en el que indicaba que sus descargos “desvirtuarán” las acusaciones que ahora pesan sobre él.

Dicho todo esto, sin embargo, no se puede dejar de mencionar que el señor Villanueva fue quien, en el ocaso de la administración Kuczynski, impulsó el segundo pedido de vacancia para destituir al expresidente por sus supuestos vínculos con Odebrecht. De esta manera, su situación actual entraña un giro que solo puede ser descrito como irónico.

Los interrogatorios también resultaron en nueva información sobre los pagos que la empresa brasileña habría hecho a la exalcaldesa Susana Villarán. Según Barata, la exburgomaestre –a quien se le atribuyó el ‘codinome’ ‘Careca’– habría recibido US$500.000 por el proyecto Vías Nuevas de Lima en el año 2014, cuando seguía ejerciendo su puesto en el municipio capitalino. Cabe recordar que, en abril de este año, el ejecutivo brasileño también aseguró que su empresa aportó US$3 millones a la campaña para evitar que se revocase a Villarán, en esa ocasión a través de José Miguel Castro, su gerente municipal.

Por otro lado, Barata también aportó información adicional respecto al caso de Luis Castañeda Lossio. El ejecutivo dijo que se le entregaron US$75.527 a Martín Bustamante Castro –dueño del ‘codinome’ ‘Bigode’–, funcionario durante las tres administraciones de Castañeda, por el proyecto Rutas de Lima. Castañeda Lossio también habría recibido US$480.000, a través de Bustamante Castro, de la constructora OAS, para evitar que se concretase el proyecto Río Verde.

Finalmente, el exjefe de Odebrecht en el Perú ratificó que la constructora aportó US$500 mil para la segunda vuelta de la campaña presidencial del 2011 de Keiko Fujimori y US$20 mil para la campaña por el sillón municipal de Lourdes Flores Nano.

Ante todas estas revelaciones, empero, solo queda resaltar lo siguiente. Primero, que los diversos orígenes ideológicos de los involucrados comprueban que las pesquisas no están guiadas por intereses políticos, a diferencia de lo que los críticos del acuerdo de colaboración eficaz con la empresa han querido hacer creer. La última y más valiosa prueba de ello es que las indagaciones ahora incluyen al señor Villanueva, quien ha sido la mano derecha del actual jefe de Estado.

Y segundo, que en los últimos meses la investigación en torno al Caso Lava Jato no ha dejado de proveer información, la cual nos está permitiendo tener una imagen cada vez más clara de cómo operaron las empresas corruptoras en nuestro país, y cómo un grupo de políticos acogieron sus aportes con pocos reparos. En suma, resultados que se deben al acuerdo de colaboración, lo que señala que este, a pesar de sus imperfecciones, va por buen camino.