Editorial: Desbocados

El Congreso del Perú de los últimos años, si somos honestos, no se ha caracterizado por ser especialmente responsable ni diligente. Desde iniciativas que se han tenido que resolver en el Tribunal Constitucional por su afrenta al ordenamiento legal, hasta las que conllevan un serio riesgo fiscal, el Congreso ha tenido una actuación con pocas miras al desarrollo y sostenibilidad de largo plazo. Recordemos, si no, la ley que prohibía la publicidad estatal en medios de comunicación privados o la norma recientemente aprobada sobre la negociación colectiva en el sector público.

Esta actitud imprudente parece haber alcanzado niveles aún mayores con el reciente debate sobre la norma que repone a los profesores interinos que fueron retirados del servicio educativo en el 2014 por no contar con título pedagógico. La disposición, aprobada por la Comisión de Educación del Congreso el lunes pasado, pasará a ser debatida por el pleno.

Según explicó el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Daniel Alfaro, los maestros interinos tuvieron casi 30 años para obtener las calificaciones necesarias e incorporarse a la carrera magisterial, pero no lo hicieron. Además, para dar oportunidad de demostrar capacidades adquiridas, en noviembre del 2014 el Minedu convocó una evaluación para 14.863 maestros nombrados sin título, pero solo 5.315 se presentaron. De estos, apenas 546 ingresaron a la carrera magisterial; el resto fue correctamente retirado de la función pedagógica pública. Por supuesto, las plazas de aquellos docentes que no aprobaron la evaluación están hoy ya ocupadas por casi 9.000 profesores certificados, quienes se preparan todos los años para los exámenes de nombramiento.

El esfuerzo de evaluación del 2014 del Minedu no fue gratuito; se trataba de una parte de la aplicación de Ley de Reforma Magisterial del 2012 y que prioriza hoy la meritocracia para permanecer y ascender en la escala docente. En ese sentido, la iniciativa del Congreso para permitir el reingreso de docentes interinos sin capacitación suficiente afecta la médula del trabajo sostenido de un Minedu que, aunque a tropezones, ha luchado por modernizar y fortalecer la función docente en los últimos años.

Estos tropezones, de hecho, no han sido todos autoinfligidos. Como se recuerda, fue este mismo Congreso el que –de modo injustificado y prepotente– truncó el trabajo de los ministros de Educación anteriores Jaime Saavedra y Marilú Martens.

No es, así, la primera vez que algunos parlamentarios aprovechan el poder público para congraciarse con determinados grupos de influencia a costa de la calidad de enseñanza. En esta ocasión, sin embargo, el daño puede ser irreversible y perjudicar a cientos de miles de alumnos por varios años, sin mencionar la injusticia para los docentes preparados que podrían ser separados de sus funciones.

Peor aún, los vacíos de poder generados a partir del enrarecido clima político actual no contribuyen a poner orden en el Parlamento sobre propuestas tan perniciosas como esta. Sin embargo, el pleno del Congreso aún está a tiempo de reflexionar sobre el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Educación y regresarlo al archivo donde corresponde. De lo contrario, la pelota volverá a estar en la cancha del Ejecutivo, que debería observar, una vez más, una norma que desanda lo avanzado en los últimos años.