"Resulta urgente, entonces, que el Ejecutivo repare los filtros y aborde aquellas filtraciones que hoy percuden su equipo de trabajo".
"Resulta urgente, entonces, que el Ejecutivo repare los filtros y aborde aquellas filtraciones que hoy percuden su equipo de trabajo".
Editorial El Comercio

Sin que haya pasado un mes desde la crisis ministerial que desembocó en la renuncia de cuatro miembros del Gabinete, el Poder Ejecutivo ya tiene frente a sí dos nuevos problemas.

El primero, dado a conocer por el programa “Cuarto poder”, concierne al ministro de Transportes y Comunicaciones, . Como informó el dominical, sobre él pesa una investigación del Ministerio Público por el delito de colusión simple en agravio del Estado, por las presuntas irregularidades detectadas en el contrato que, en el 2018, suscribieron Provías Nacional y la empresa española Constructora San José para el mejoramiento de la carretera Checca- Mazocruz (Puno). Lozada era director ejecutivo del referido organismo estatal.

El segundo, por su parte, lo protagoniza la titular de la cartera de Producción,. Según se supo ayer, la fiscalía pide nueve años de cárcel para ella por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso, por presuntamente haberse adueñado de dinero del Estado cuando se desempeñaba como directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la PCM, en el 2014.

Aunque el desenlace legal de cada uno de esos casos está todavía pendiente, el daño que le suponen al Gobierno es indiscutible. Han puesto en evidencia que los filtros empleados por esta administración para conformar el Consejo de Ministros son todo menos rigurosos, como ya se sospechaba con la designación de Susana Vilca, ministra de Energía y Minas, quien tiene antecedentes de concesiones mineras no declaradas y vínculos con la minería informal.

Hecha pública la investigación de Lozada, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, ha asegurado que “nadie en el Gabinete” conocía de ella. En este contexto, sin embargo, el desconocimiento se aleja de ser un atenuante y se acerca, más bien, a ser una expresión de negligencia, inaceptable cuando se trata de elegir servidores públicos.

Resulta urgente, entonces, que el Ejecutivo repare los filtros y aborde aquellas filtraciones que hoy percuden su equipo de trabajo. Una tarea que, si no, tendrá que ser emprendida con severidad por el Congreso entrante.

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