Editorial El Comercio

“Como muestra de mi total disposición para colaborar con la justicia, y en señal de transparencia, he solicitado de manera voluntaria el levantamiento de mi secreto bancario, tributario y de comunicaciones”, escribió el presidente en sus redes sociales a finales del año pasado tras su negativa a autorizar el ingreso de la fiscalía a . “Las puertas de Palacio están abiertas para apoyar toda medida que busque aclarar dudas”, agregó entonces, luego de un escándalo por, precisamente, haberlas cerrado en la cara de los fiscales.

Pero la buena disposición del presidente respecto del Ministerio Público –si en algún momento fue sincera– duró muy poco. Apenas dos meses después, en febrero de este año, el mandatario acusaba públicamente a la fiscalía de formar parte de un complot para desestabilizar al Gobierno, y las evidencias de que el Ejecutivo no tiene mayor intención de colaborar con la justicia se acumulan rápidamente.

Una de las más graves la reveló este Diario ayer. Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez, los sobrinos prófugos del presidente, habrían ingresado a Palacio de Gobierno entre agosto y noviembre del año pasado al menos 43 veces más de las informadas a la fiscalía (solo 17 fueron consignadas en el reporte oficial). Como se sabe, según el Ministerio Público, ambos formarían parte de una presunta red de corrupción en el interior del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y se ha dictado 36 meses de prisión preventiva contra ellos por el Caso Puente Tarata III.

Para minimizar la huella de sus visitas, los sobrinos utilizaron la puerta seis, un ingreso destinado a la familia del presidente y que se presume para fines domésticos. Esta información –crucial en las pesquisas del Ministerio Público– estaba a disposición de Palacio de Gobierno, pero omitieron su entrega. Como escribió entonces el presidente, las puertas de Palacio al parecer sí estaban abiertas, pero dependía de cuál puerta y para quién.

Esta historia toma un perfil más siniestro con la revelación de nuestra Unidad de Investigación de hoy. El conserje del edificio donde vivían los sobrinos del presidente, José Luis Acevedo Aguirre, denunció que fue amenazado de muerte por dos sujetos a bordo de una moto mientras salía de su trabajo. Su propósito era intimidarlo para evitar que continuase colaborando con la fiscalía respecto de las actividades y visitas de los investigados. De acuerdo con Acevedo, Zamir Villaverde, empresario vinculado a la red de corrupción del MTC según la fiscalía, solía visitar el inmueble. Se sabe que los sobrinos se desplazaban en vehículos de propiedad de Villaverde para, entre otras cosas, ingresar a Palacio de Gobierno por la puerta seis.

Fray Vásquez y Gian Marco Castillo siguen prófugos, al igual que Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno. Este es un ejemplo claro de aquellas situaciones inaceptables relacionadas al Ejecutivo, y que hoy el país –a fuerza de hartazgo y saturación con la multiplicidad de escándalos– corre el riesgo de normalizar.

A estas alturas, ya es justo asumir que el presidente Pedro Castillo no tiene ninguna intención de aclarar nada. La reticencia de su entorno a trasparentar las visitas recibidas en Palacio de Gobierno y en general el manto de opacidad con que trabaja el Gobierno hacen pensar en un presidente que se ubica peligrosamente cerca de lo que sería una red criminal sin escrúpulos. A pesar de los esfuerzos por ocultarlos, los indicios se van sumando, y parece que más temprano que tarde las puertas de Palacio verdaderamente se abrirán a la verdad.