Abusos del hemiciclo

La violencia contra la mujer es un mal endémico en el Perú. De acuerdo con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), durante el 2020 se registraron 114.495 episodios de violencia sexual o física, el doble de la cifra reportada en el 2015, y el equivalente a uno cada cinco minutos, aproximadamente. Entre las víctimas, el 86% eran mujeres.

Y si bien siempre se ha sabido que la prevalencia de la violencia sexual no distingue barreras de clase ni de región geográfica, no deja de ser especialmente indignante que el propio recinto parlamentario sea escenario de estos abusos. La semana pasada, una trabajadora del Congreso denunció que, tras ingerir alcohol en las oficinas legislativas en compañía del congresista Freddy Díaz, este la violó.

En un comunicado posterior, Díaz no niega los hechos imputados y afirma su “total disposición a colaborar con la justicia”. Pero esta disposición aún no se ha concretado. Según la Defensoría del Pueblo, el parlamentario se encuentra no habido, lo que incrementa el riesgo de fuga y, por lo tanto, se debería dictar pronto una detención preliminar. Por el momento, el Ministerio Público ya ha solicitado impedimento de salida del país para el legislador.

Las reacciones han sido rápidas. El MIMP indicó que ya está atendiendo a la víctima. Alianza para el Progreso (APP), bancada a la que pertenecía Díaz, expulsó al congresista y solicitó la participación de la fiscalía y del Poder Judicial en el caso, además de la intervención de la Comisión de Ética Parlamentaria –un espacio donde, lamentablemente, el blindaje entre congresistas ha sido moneda corriente–. La presidenta del Congreso, Lady Camones, expresó su condena a acciones de este tipo. Diversos congresistas se manifestaron en similar sentido.

El parlamentario Wilmar Elera (Somos Perú), sin embargo, mostró que la tercera vicepresidencia del Congreso –cargo al que accedió hace pocos días– le queda muy grande. “Creo que la señorita es la única mujer que trabaja en el espacio de puros hombres, lo cual ha creado un ambiente mucho más propicio, sobre todo cuando empiezan a tomar licor”, dijo el congresista sobre el caso de Díaz, quitándole responsabilidad al victimario para colocarla sobre la víctima. El Congreso de la República emitió un comunicado rechazando las expresiones de Elera, lo mismo que la Defensoría del Pueblo, pero queda ver las reacciones de la Mesa Directiva, de la que es miembro, y de Somos Perú, bancada de la que fue vocero hasta la semana pasada, sobre todo en la medida en que las deficientes explicaciones y disculpas que ofreció luego Elera por sus palabras arreglaron muy poco.

El caso de Díaz, por lo demás, no es –por increíble que parezca– el único de esta naturaleza que sacudió el Congreso la semana pasada. Rafael Franco Moreno, asesor de la congresista Katy Ugarte (Bloque Magisterial), fue denunciado el jueves 28 de julio por presunta violación sexual. De acuerdo con la víctima, Franco la amenazó con un arma de fuego para luego abusar de ella en un hotel. El episodio trae a la memoria la denuncia de inicios de año a un exasesor de la congresista Susel Paredes (Partido Morado) por delito contra la libertad sexual en contra de menores de edad.

Del Congreso se espera no solo que dicte normas que ayuden a combatir la violencia sexual, sino que sus integrantes mismos sean un ejemplo de buena conducta en lo que a este mal respecta. Si los partidos políticos fueron incapaces de evitar que personajes de esta ralea entrasen a los círculos más altos de la política nacional, por lo menos les corresponde tomar acciones oportunas de investigación y sanción. Lo contrario solo hundiría aún más la imagen de un poder del Estado que en estas circunstancias necesita recuperar con urgencia su legitimidad.