Editorial El Comercio

Hoy la Comisión de Constitución del Congreso debería reunirse para votar el proyecto de anunciado por el presidente el 28 de julio pasado y presentado tres días después. Como se sabe, el predictamen elaborado por la secretaría técnica de ese grupo de trabajo parlamentario recomienda el archivamiento de la iniciativa y, si nada imprevisto ocurre, lo más probable es que una mayoría de sus integrantes acoja la recomendación.

Y decimos “si nada imprevisto ocurre” porque, no obstante lo que se ha conocido, siempre cabe la posibilidad de que los parlamentarios puedan dialogar y encontrar una salida negociada.

En efecto, el documento, divulgado ayer en los medios, expone diversas razones para validar su opinión, entre las que destacan objeciones al cronograma que se necesitaría cumplir para que los comicios tuvieran lugar en el 2020 (y no en el 2021), la imposibilidad de que estén en vigencia para esas fechas varias de las reformas políticas que supuestamente buscaban “reforzar la representación acercando a la ciudadanía a las organizaciones políticas” y, en general, “los efectos perniciosos y contrarios al interés general de nuestro país [que] hacen imposible su aprobación sin afectar el compromiso que se tiene con nuestra Patria”.

Más allá de la eventual pertinencia de tales argumentos, sin embargo, lo que da algunas luces de la suerte a la que se enfrentaría hoy el proyecto son las posiciones que las distintas bancadas presentes en la Comisión de Constitución han anticipado al respecto. Si los representantes de Fuerza Popular, el Apra, Contigo, Cambio 21 y Acción Republicana emiten, efectivamente, un voto consistente con lo que han declarado en las últimas semanas ante la prensa, el archivamiento podría sumar los votos que requiere para proceder. Y no se puede descartar que a estos se añada el de la representante de Alianza para el Progreso, Marisol Espinoza.

Los votos de rechazo que recibiría la propuesta de archivamiento son igualmente previsibles, y corresponden a los representantes de las bancadas de Nuevo Perú, Peruanos por el Kambio, Unión Republicana, Frente Amplio y Liberal. Y a ellos se agregaría el de Yonhy Lescano de Acción Popular. Es decir, 6: una evidente minoría que sugiere que la suerte del proyecto estaría echada.

Es precisamente la inminencia del archivamiento lo que movió ayer a los representantes de Nuevo Perú a anunciar que hoy demandarán que la materia no se vote en Constitución y pase a ser discutida de frente en el pleno. Una posición que, dicho sea de paso, contrasta con la que se expresaba en una carta del 12 de setiembre dirigida a la titular de esa comisión, Rosa Bartra, y firmada por el congresista Alberto Quintanilla, entre otros, en la que se le solicitaba que otorgue “máxima prioridad al debate y, de ser el caso, aprobación”, del proyecto en cuestión.

De cualquier forma, la pretensión de que la Comisión de Constitución se abstenga de votar aquello que ha venido analizando y debatiendo es absurda, pues hacerlo y obrar en consecuencia (esto es, archivar o pasar al pleno la iniciativa) es una prerrogativa suya.

Nadie puede ignorar que la decisión en ciernes abrirá un escenario político incierto, que afectará al país y a la tarea de gobierno en el futuro inmediato, razón por la cual, desde el inicio del conflicto, nos pronunciamos en esta página por una salida acordada entre el Ejecutivo y la mayoría del Legislativo.

Así pues, parece que el proyecto de adelanto electoral ha llegado a su hora cero: su suerte se decidirá hoy en virtud de la dinámica de mayorías y minorías que rige la democracia. Y lo que tocará a continuación es insistir en que se respete lo que el texto constitucional prescribe al respecto.

Ni el Ejecutivo ni el Legislativo, por lo tanto, deberían acudir a los recursos dramáticos sobre los que se especula en estos días con el deleznable afán de ganar la batalla política en la que se encuentran enzarzados, porque de esa forma al final solo perderemos todos.