Editorial: Crisis Interior

El sábado, los viceministros del Interior Carlos León Romero (Orden Interno) y Nicolás Zevallos Trigoso (Seguridad Pública) renunciaron a sus cargos, incómodos por algunas decisiones que, como aseguraron, el titular de la cartera, Juan Carrasco Millones, estaría buscando tomar. A saber, colocar en la Dirección General de Gobierno Interno a Grover Mamani, un integrante del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) cercano al presidente Pedro Castillo.

León Romero fue explícito con sus motivos en la misiva que le remitió al ministro Carrasco, señalando que esta se produce tras “tomar conocimiento de decisiones que afectarían seriamente la confianza de la ciudadanía en nuestro sector y en la gloriosa Policía Nacional del Perú”. Asimismo, se refirió a una reunión que sostuvo con el titular del Interior, con la participación de Grover Mamani, en la que le expresó que “dicha persona no cumplía con el perfil requerido para el cargo de director general”, por lo que se negó a “ser partícipe de dicho nombramiento ilegal”.

Zevallos también fue sumamente claro: “Hemos tomado conocimiento de decisiones que no garantizan las condiciones necesarias para continuar y sostener la labor de fortalecimiento y modernización de nuestra Policía Nacional del Perú”.

El ministro Carrasco aseguró ayer que no hay intención de nombrar a Mamani, pero que su nombre haya estado en el bolo –lo suficiente como para participar en reuniones con los altos funcionarios del sector– es un escándalo. No solo por su falta de experiencia, sino porque exhibe un radicalismo pasmoso que incluso lo ha llevado a asegurar que “Castillo tiene que gobernar mínimo 10, 15, 20 años para que haya cambio”. Una combinación de deméritos que parece ser precisamente lo que el gobierno busca en los funcionarios que nombra (basta con ver el Gabinete), pero que la ciudadanía y la institucionalidad del Estado no pueden permitir.

Y las intenciones de este tipo de movidas son claras y se han hecho explícitas en más de una oportunidad, con la retahíla de nombramientos cuestionables que el Ejecutivo colecciona (26 en poco más de una semana, de acuerdo con el análisis de la Unidad de Periodismo de Datos del El Comercio): se prioriza la lealtad al partido y a su doctrina, en detrimento de la solvencia profesional.

Las consecuencias de esto son preocupantes, sobre todo en el sector Interior, y ya se estarían notando con la presencia del mismo Carrasco. En su cuenta de Twitter, el extitular del sector Carlos Basombrío hizo una serie de denuncias inquietantes: “Tengo fuentes de primera mano de la policía, en las que confío plenamente, y que me informan que el ministro está presionando a la Dircote para que no profundice las investigaciones por pertenencia a SL contra Guido Bellido, el PCM”, para luego añadir que también se querría hacer lo mismo con la Diviac, “para que no continúen con las investigaciones de Los Dinámicos del Centro”. En corto, se estaría buscando lograr unas fuerzas del orden a la medida del gobierno y que favorezcan a sus miembros en sus líos con la justicia.

Frente a esto, el Congreso de la República no debería demorarse en interpelar al ministro Carrasco. Aunque el ministro del Interior haya asegurado que solo se harán designaciones que cumplan con la ley, es evidente que se está buscando parchar una situación que, por las renuncias de los viceministros, está empapada de interrogantes. Y el Ejecutivo tiene que darse cuenta, de una vez, de que le debe rendir cuentas a la ciudadanía y al Parlamento. No solo por esto, pues también urge aclarar el papel que se le querrá dar a las rondas –como pretende Castillo– en las ciudades, donde la jurisdicción la tiene la policía.

En el camino, también se debería citar al Legislativo a otros ministros, como al de Transportes y Comunicaciones (por los nombramientos inaceptables que se han hecho), al de Relaciones Exteriores (para que dé explicaciones sobre la presencia de Perú en el Grupo de Lima) y al de Educación (por las frases poco sustentadas vertidas sobre el retorno a clases). Si el gobierno no es transparente, hay que obligarlo a serlo.