Editorial: Delitos comunes

Desde el 15 de marzo, en distintas regiones del país, los conductores de carga pesada vienen acatando un paro nacional promovido por el Gremio Nacional de Transportistas y Conductores (GNTC). Como forma de protesta, los involucrados eligieron bloquear múltiples vías, restringiendo el libre tránsito y, en casos puntuales, afectando el traslado de contenedores de oxígeno destinados al tratamiento de personas con COVID-19. En simple: actos criminales contra los derechos del resto de ciudadanos que no pueden ser tolerados en un Estado de derecho y que se alejan de ser recursos viables para expresar puntos de vista o pedir cambios de diversa índole.

La situación empeora si se considera la pertinencia de las demandas planteadas. Además de exigir la eliminación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado al diésel, se reclama la reducción del precio de dicho combustible, el de los peajes, la suspensión de algunos de estos y la aplicación de una amnistía general a las multas de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán).

Sobre lo primero, el Gobierno ha propuesto una devolución del 53% del ISC. Sin embargo, los transportistas insisten en que se llegue al 100%, a pesar de las precisiones hechas por el ministro de Transportes y Comunicaciones señalando que ello “no se puede hacer a través de una norma del Ejecutivo, tiene que hacerse a través de una ley” en el Congreso. Por otro lado, la pretensión de reducir el costo del diésel se riñe con la más elemental lógica económica, toda vez que los precios finales dependen en gran medida del mercado internacional de petróleo, no de la voluntad de los funcionarios públicos. Asimismo, lo referido a los peajes implicaría interferir en contratos que el Estado ya ha cerrado con las empresas que los administran –lo que la Constitución prohíbe– y la amnistía a las sanciones impuestas por la Sutrán parece más una búsqueda de privilegios que de justicia.

Sin embargo, con prescindencia de cuán alcanzable sea lo que se exige, es innegable que todo ciudadano tiene derecho a protestar para motivar acciones de sus gobernantes. Pero la línea se cruza cuando la estrategia elegida para ese fin son el uso de la violencia y la vulneración de los derechos de los demás. Eso es lo que ha ocurrido en este caso. El hecho de que, además, los reclamos sean, en algunas instancias, imposibles de cumplir, solo enfatiza lo descaminado y prepotente de lo que se ha visto en los últimos días.

Esta situación no es nueva en nuestro país. Hace menos de cuatro meses las manifestaciones contra el régimen laboral agrario supusieron medidas similares, con múltiples heridos y diversos ciudadanos imposibilitados de transportarse con normalidad. Y así como son frecuentes los bloqueos de carreteras y el uso de la violencia como forma de protesta, lamentablemente también lo son las justificaciones que hacen de estas acciones algunos políticos.

Pero el valioso derecho a organizarse para reclamar cambios no puede trastocarse de esta forma. Es más, una de las expresiones más masivas y efectivas de descontento de nuestra historia republicana fue la que vimos en noviembre del 2020, tras la vacancia de Martín Vizcarra y la asunción de Manuel Merino. El resultado fue la renuncia de este último, sin que para ello se recurriese a la violencia. De hecho, fue el Gobierno arrinconado el que apostó por una represión que terminó con la vida de dos jóvenes y actualmente es materia de una investigación en el Ministerio Público.

En los últimos días las medidas de fuerza asumidas por los transportistas se han flexibilizado, algunas vías se han liberado y el Gobierno ha sido enfático al señalar que no se tolerarán vulneraciones al Estado de derecho. Lo pernicioso de este episodio, que aún no encuentra un final definitivo, debe dejar claro que acciones como esta no son recursos legítimos de protesta, sino delitos comunes.