Correo no deseado

Si algo ha quedado plenamente demostrado en las últimas semanas, es que –a pesar de lo que repiten las autoridades cada vez que el país es golpeado por algún fenómeno natural– la prevención de desastres es la última rueda del coche para los representantes del Gobierno Central e instancias subnacionales.

El extremo de la indiferencia es tal que alcaldes, gobernadores, congresistas y otras autoridades no se preocupan siquiera de revisar los correos electrónicos relacionados a tales asuntos. Según informó ayer este Diario, en setiembre pasado, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) empezó a enviar comunicaciones a estos funcionarios con advertencias sobre posibles inundaciones, desbordes y otros eventos de riesgo a causa del posible incremento de lluvias durante enero y marzo de este año.

De acuerdo con el Cenepred, eran más de 27 mil centros poblados en 20 regiones con riesgo muy alto ante huaicos y 3.786 ante inundaciones. En total, casi tres millones de personas comprometidas. En diciembre, la entidad adscrita al Ministerio de Defensa emitió otro informe similar, ya con mayor certeza sobre la inminencia de las lluvias. A la fecha, se han distribuido siete informes con pronósticos del Senamhi y 43 con avisos meteorológicos.

El esfuerzo, no obstante, parece haber caído en saco roto. De los 38.159 correos enviados, apenas 3.447 fueron leídos. Y tan solo en 390 casos se llegó a descargar su contenido. Es decir, a pesar de encontrarse plenamente accesible, solo el 1% de las autoridades accedió a la información relevante para estar alertas y mitigar los efectos de las lluvias. Algunos funcionarios de gobiernos regionales y municipalidades argumentarán que estos envíos se dieron a final de su gestión, o que las comunicaciones por correo electrónico son insuficientes, pero nada de esto justifica su falta de interés y de reacción en un asunto tan grave para la población.

La desidia debe tener también consecuencias sobre los propios funcionarios. De acuerdo con un comunicado de la contraloría de la semana pasada, “la inacción y falta de respuesta de los funcionarios y servidores públicos –evidenciadas en las visitas de control y en más de 13 mil alertas emitidas por la contraloría– son pasibles de sanción que puede llegar hasta la inhabilitación para trabajar en el Estado”. La entidad apunta, con razón, que “la actuación célere y transparente es una obligación inexcusable de quienes tienen la responsabilidad de administrar los fondos públicos”. Como se recuerda, durante el año pasado los gobiernos regionales y municipios dejaron de ejecutar S/371 millones en prevención de desastres naturales.

Las llamadas de atención respecto de la falta de interés en la prevención son regulares, pero poco cambia. La prohibición de la reelección de autoridades subnacionales puede tener parte de la responsabilidad –después de todo, algunos alcaldes y gobernadores preferirán invertir en dificultades inmediatas antes que mitigar los riesgos para la siguiente administración–. Esta visión cortoplacista solo perpetúa el problema. Y no solo en lo que respecta a las lluvias. Desde este Diario, por ejemplo, venimos alertando sobre la poca preparación de Lima y el Callao, y de las principales ciudades del Perú, frente a un sismo de gran magnitud. En el estado actual de las cosas, este sería catastrófico.

Las nuevas autoridades subnacionales tienen el deber de responder a la emergencia –aún sumamente activa en el norte del país– y, a la vez, empezar a preparar las medidas de seguridad para contener el daño de la siguiente temporada de intensas lluvias. El país ha perdido ya varios años en planes y preparaciones inconclusas en quebradas y zonas de riesgo. Ni siquiera deberían esperar, pues, al siguiente correo electrónico de alerta.