Editorial: La educación en jaque

El sábado, 250 mil profesores rindieron la Prueba Única Nacional del Concurso de Nombramiento 2021; una evaluación que pretende definir el ingreso de los docentes a la Carrera Pública Magisterial y los cuadros de mérito para el proceso de contratación docente de los años 2022 y 2023. Ese mismo día, según denunció el portal Epicentro TV, el examen en cuestión se filtró, en evidente beneficio de quienes tenían que completarlo, sobre todo de quienes no estaban preparados para hacerlo. Se trata, según Hugo Díaz del Consejo Nacional de Educación, de un hecho que no se daba hace más de ocho años y que eleva serias preguntas sobre la asepsia del proceso a cargo del Ministerio de Educación (Minedu).

Como es obvio, un hecho de estas características debería generar preocupación en la ciudadanía ocurra cuando ocurra, toda vez que delataría un intento de sabotaje de la educación de los niños y adolescentes peruanos desde las entrañas de la institución que debería velar por ella. Sin embargo, la filtración de la prueba se torna más inquietante por la presencia de un ministro de Educación como Carlos Gallardo, que desde el inicio de su gestión se mostró en contra de este tipo de evaluaciones y que, además, mantiene vínculos estrechos con la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate-Perú), sindicato (fundado, dicho sea de paso, por el presidente Pedro Castillo) que busca traerse abajo este ingrediente de la reforma magisterial desde hace varios años. En este contexto, cabe cuestionar si nos encontramos ante un irresponsable desliz o un intento premeditado por favorecer a un grupo de maestros.

En todo caso, la importancia de procesos que privilegien la meritocracia sobre cualquier otro criterio es innegable, por más que el ministro y sus allegados sostengan lo contrario. “Genera incertidumbre” y “se necesita estabilidad” han sido algunos de los argumentos planteados por Gallardo, pero es claro que tanto lo primero como lo segundo puede ser remediado por los docentes a través de la preparación para los exámenes que deben rendir, no eliminando estos últimos. En fin, lo más importante es que las capacidades de los profesores para educar a nuestros jóvenes estén garantizadas y en ningún puesto de trabajo la “estabilidad” debería tener primacía sobre la calidad del trabajo que se hace.

Pero la oposición del ministro a las evaluaciones y los escandalosos hechos del fin de semana no son lo único que debería preocuparnos. Como ha informado este Diario, los guiños de Gallardo a la Fenatep (organización con lazos con el Movadef) se han dado de maneras menos discretas, como en el nombramiento de Roy Palacios Ávalos, miembro del referido sindicato, como viceministro de Gestión Institucional. De hecho, el señor Palacios fue una de las personas que, en agosto pasado, ingresó a Palacio de Gobierno brindando, según denunciaron varios medios, información falsa (alegando que era funcionario del Ministerio de Energía y Minas). Y se trata de un cargo particularmente sensible, ya que, como han advertido algunos expertos consultados por El Comercio, tendrá a su cargo las becas que gestiona el Pronabec y la habilitación de infraestructura para el esperado retorno a clases, supuestamente en marzo del 2022.

Precisamente este último punto es el que debería concentrar la mayor atención del ministro de Educación, en lugar de algunos intereses gremiales. Mientras se socava la reforma educativa y se les “sopla” las respuestas a los docentes cuando son evaluados, millones de estudiantes peruanos esperan el retorno a clases, tras 20 meses fuera de las aulas a propósito de la pandemia del COVID-19. En la región, según Unicef, el Perú, con apenas el 6,5% de alumnos en los centros educativos, solo está mejor que Cuba y Belice, mientras que países como Argentina, Colombia, México, Chile o Venezuela ya tienen a más de la mitad de sus estudiantes beneficiándose con clases presenciales. Una circunstancia que promete traer serias secuelas para una generación de jóvenes condenada a permanecer más de dos años sin recibir una formación adecuada.

El Gobierno no puede seguir jugando con el futuro de nuestro país, menos cuando el objetivo es saciar viejos caprichos sindicales.