Editorial: Lo opuesto al castigo

Que partidos como el Apra, Fuerza Popular o Solidaridad Nacional han recibido una sanción de parte de la ciudadanía en las elecciones del domingo es una verdad incontrastable. Esas tres organizaciones han conocido de victorias en otros procesos electorales (ya sean estos presidenciales, congresales o municipales) y esta vez, en cambio, o no pasaron la valla u obtuvieron una porción de curules bastante magra en comparación con la que consiguieron en los comicios del 2016 (Fuerza Popular, en concreto, contará esta vez con una bancada que representa apenas una fracción de lo que fue la anterior).

En más de un caso lo sancionado es una performance congresal penosa y en el otro, más bien, una campaña plagada de ataques estridentes, mentiras y ofensas. Pero, como decíamos al principio, que lo registrado en las ánforas con respecto a esas agrupaciones ha sido un castigo es indudable.

Lo que han recibido los otros partidos presentes en la futura conformación parlamentaria, sin embargo, no está tan claro. ¿Han sido premiados? ¿Han sido solo los marginales beneficiados de un contingente de votantes que tenía muy bien precisados sus repudios pero no tanto sus preferencias? ¿O se les ha brindado una oportunidad para demostrar que son capaces de hacerlo mejor que sus predecesores

La hipótesis del premio, nos parece, puede ser rápidamente descartada. Una elección en la que ninguna agrupación ha llegado al 11% de los votos válidos (es decir, descontados los blancos y viciados) no puede ser entendida como un espaldarazo a nadie. Cabría quizás interpretar tal o cual resultado como un reconocimiento de que una gestión fue menos mala que las otras, pero eso no es una presea. Al nuevo Parlamento, además, han llegado organizaciones que no estuvieron presentes en el anterior (Frepap, Unión por el Perú, Somos Perú, etc.) y, en esa medida, el voto por ellas mal podría ser entendido como un galardón por performance alguna.

Esta última consideración nos conduce, en realidad, a la segunda hipótesis: la del voto “de refugio”. El razonamiento del elector en esos casos sería más o menos así: “Al colocar mi voto bajo este techo, por lo menos me aseguro de que no vaya a alimentar a quienes tan mal lo hicieron entre el 2016 y el 2019”. Esa lectura no descalifica, por cierto, la posibilidad de que haya ciudadanos que optaron por tales partidos persuadidos por su mensaje o sus ofertas programáticas. De seguro una porción de los votos que recibieron ha de tener esa explicación, pero la circunstancia de que, de acuerdo con lo que sugieren las encuestas, la mayoría fuesen votos decididos a última hora hace pensar más bien en el razonamiento inicial.

Llegamos así a la tercera hipótesis, la de la oportunidad. El razonamiento del ciudadano, en este caso, podría formularse de la siguiente forma: “Como no participaste del desaguisado anterior, estoy dispuesto a ponerte a prueba. Pero te estoy vigilando y, si no cumples, a la próxima te puedo castigar igual que a los otros”.

Es fundamental, por supuesto, determinar qué quiere decir ‘cumplir’ en este contexto, pero la fragmentación de la votación de ayer ofrece una pista: de lo que se trata es de llegar a acuerdos para sacar adelante o redondear iniciativas que son más importantes que las aspiraciones de poder individuales. Nos referimos, desde luego, a las reformas política y del sistema de justicia. Pero también, en general, a un espíritu de colaboración (en el literal sentido de una labor compartida) antes que de confrontación con el Ejecutivo.

Llegar a acuerdos así en un año preelectoral constituye un reto difícil, pero entendemos que es a eso a lo que se han comprometido quienes durante esta campaña les pidieron el voto a los ciudadanos para representarlos. Y si lo logran, quizás el electorado podrá pensar, ahora sí, en premiarlos.

Pero por el momento lo que han obtenido es apenas lo opuesto al castigo.