Editorial: Los derechos humanos y selectivos

El modelo económico que sostiene el Perú desde hace décadas no puede funcionar a cabalidad sin un Estado eficiente, que ponga reglas sensatas y tenga el poder de hacerlas cumplir. Así, la actividad de las empresas y de las personas en general se debe ajustar a un marco legal razonable y que promueva libertades al tiempo que garantiza igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.

En este esfuerzo loable, sin embargo, al gobierno en ocasiones le cuesta encontrar una brújula que no apunte permanentemente a más carga burocrática y papeleo innecesario para los formales. Desde el año pasado, por ejemplo, se cuenta con un protocolo de la Sunafil diseñado para “evitar” la discriminación remunerativa entre hombres y mujeres, bajo multas de hasta S/193.500 (45 UIT). Como señalamos en estas páginas en aquella ocasión, es dudoso que la medida vaya a lograr un efecto significativo más allá de continuar sobrecargando la maraña regulatoria que ya enfrentan las empresas formales para operar.

En vez de redirigir su atención hacia los negocios informales o ilegales –donde los trabajadores no gozan de protección alguna y los espacios para el abuso son amplios–, el gobierno insiste en esta ruta con el reciente anuncio del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos (PNA), elaborado por el Ministerio de Justicia (Minjus). Según Daniel Sánchez Velásquez, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, en el primer semestre estaría listo el documento. De acuerdo con el funcionario, el plan ha sido coordinado con distintas cámaras de comercio, la Confiep y otros gremios empresariales.

El cumplimiento estricto de derechos humanos dentro de su operación es lo mínimo que se le puede pedir a cualquier organización, sea esta una empresa formal o informal, una ONG, un colegio, un ente gubernamental o una familia. Y el Estado, por supuesto, dispone ya de las herramientas legales para sancionar cualquier vulneración, aun sin un plan de por medio.

En este contexto, el diseño e implementación de un plan específico para empresas –que por definición práctica solo aplicará a las formales– se puede percibir como una carga extra ahí donde es más fácil y popular hacerlo, pero quizá menos necesario en términos relativos. Sin duda existen casos de abusos, arbitrariedades e injusticias en empresas registradas que pagan correctamente sus impuestos. No obstante, las situaciones de indefensión y vulnerabilidad profunda en materia de derechos humanos proliferan en el país mucho más allá del ojo actual de la Sunat, del Ministerio de Trabajo o de la fiscalía. Están en los infames contenedores cerrados con candado de la galería Nicolini, en las pozas de lodo de la minería informal de Madre de Dios, en las redes de tráfico de personas que lucran con el sufrimiento de mujeres y niños, y un largo etcétera.

Si hablamos en serio de derechos humanos, el país no puede hacerse de la vista gorda ante situaciones por todos conocidas. La fiscalización sobre quienes ya están sujetos –mal que bien– a la ley es parte del juego, aunque en ocasiones se caiga en celos regulatorios excesivos e inútiles. Esa es, ciertamente, la parte fácil. Lo difícil es salir del terreno conocido para enfrentar los abusos más vergonzosos a los derechos humanos y que se dan completamente fuera del marco legal. Seguimos esperando un plan nacional de acción sobre ello.