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Editorial: Mejor tarde que nunca

Es positivo que el Congreso haya colocado en agenda una sesión del pleno para discutir la problemática del agro nacional.

Editorial

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(Foto: El Comercio)

El Estado del Perú tiene una deuda histórica con el sector rural. Siglos de abandono y desidia pusieron a incontables generaciones de peruanos –sobre todo de la sierra y la selva– al margen de las políticas públicas y de las decisiones que se tomaban desde las grandes ciudades. Invisibilizados, la igualdad de oportunidades y garantías mínimas de ciudadanía que debe asegurar cualquier Estado para sus habitantes no llegaron, o empiezan a llegar recién desde hace unas pocas décadas a una velocidad aún insuficiente.

Fue por ello una buena iniciativa la convocatoria de la semana pasada al primer Pleno Agrario en el Congreso de la República. El objetivo entonces fue debatir, exclusivamente, dictámenes y proyectos de ley relacionados a la realidad y problemática que enfrentan millones de agricultores en el país. Porque, aunque se suele pasar por alto en medio del ruido político regular y del debate nacional dominado por las inversiones públicas o privadas de millones de dólares, lo cierto es que uno de cada cuatro peruanos trabaja directamente vinculado al sector agropecuario, y su productividad es la mitad del campesino colombiano o un treintavo de la del campesino canadiense.

¿Cómo enfrentar esta situación? De los 14 proyectos de ley debatidos y aprobados, algunos pierden de vista las verdaderas necesidades del sector –y podrían más bien perjudicarlo–, mientras que otros ciertamente contribuyen a fortalecerlo. Entre los primeros, están, por ejemplo, la norma que establece una cuota mínima de 30% de mujeres en directivas comunales, o la que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a disponer de recursos del fondo de contingencia para comprar excedentes de producción agrícola. La adquisición directa de bienes privados, como la papa, que tiene como único fin subsidiar al productor jamás ha sido una política económica sensata ni sostenible: oculta el problema de fondo antes que solucionarlo.

Otros proyectos, como los que versan sobre la certificación de productos orgánicos o la cosecha de agua, tienen más oportunidad de traducirse en mejoras concretas para el pequeño agricultor. Pendientes aún la promulgación por parte del Ejecutivo, la respectiva reglamentación y el fortalecimiento de la capacidad del gobierno y las autoridades subnacionales para aplicar algunas nuevas provisiones, es aún incierto el efecto final de lo aprobado en el pleno, pero algunas modificaciones dan espacio para cierto optimismo.

Un proyecto de ley clamorosamente ausente en la jornada legislativa fue el que se refiere a la ampliación de la Ley de Promoción Agraria. Como hemos señalado desde estas páginas en ocasiones anteriores, esta norma posibilitó el despegue de la agroexportación nacional a través de grandes inversiones y la generación de empleo formal. A la vez, ello vino aparejado con una caída significativa de la pobreza y ganancias en los ingresos de los trabajadores del campo. Extender la vigencia de esta pieza legislativa –sobre todo en lo que corresponde al aspecto laboral– y encontrar espacios para repetir el modelo exitoso en otros sectores de la economía es una tarea urgente que debe ver el Congreso.

En suma, y más allá de los aciertos o desaciertos de la sesión del pleno, sería un error no reconocer la importancia de dedicar tiempo y atención al más alto nivel de decisión pública a una actividad tan fundamental para el país como la agricultura. El Estado Peruano, decíamos, tiene una deuda con el campo. Mejor empezar a pagarla tarde que nunca.

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