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Más de dos millones de hogares en el Perú se dedican a la agricultura familiar, entendida como el modo de vida y producción agrícola gestionada por una familia y donde la principal fuerza laboral proviene de sus propios integrantes. Este tipo de agricultura representa el 95,4% del total de unidades agropecuarias del país, y de ella dependen más de la mitad de los alimentos que consumimos los peruanos. Sin embargo, a pesar de su enorme relevancia y vulnerabilidad, es un sector por el que se hace muy poco.
Más de dos millones de hogares en el Perú se dedican a la agricultura familiar, entendida como el modo de vida y producción agrícola gestionada por una familia y donde la principal fuerza laboral proviene de sus propios integrantes. Este tipo de agricultura representa el 95,4% del total de unidades agropecuarias del país, y de ella dependen más de la mitad de los alimentos que consumimos los peruanos. Sin embargo, a pesar de su enorme relevancia y vulnerabilidad, es un sector por el que se hace muy poco.
En octubre de 2021, el gobierno de Pedro Castillo anunció una “Segunda Reforma Agraria”, pero, más allá de lo polémico del nombre, cuatro años después, tres presidentes y once ministros más tarde, no se identifican medidas efectivas que hayan transformado la realidad del agro.
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Una agricultura de muy baja productividad
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el nivel promedio de productividad del sector agropecuario equivale aproximadamente al 24% del promedio del conjunto de la economía. Si solo se considera la agricultura familiar, la cifra se reduce a la mitad: apenas 13%. En un país que ya destaca por su baja productividad general, este dato resulta alarmante.
Un informe reciente del Videnza Instituto identifica algunos de los principales determinantes de esta baja productividad. En 2024, solo el 53,4% de las 2,259,956 unidades agropecuarias familiares contaba con riego para al menos uno de sus cultivos, mientras que la otra mitad dependía exclusivamente de las lluvias. La situación es aún más crítica en Cajamarca y Puno, regiones con la mayor proporción de agricultura familiar detrás de Cusco. En ellas apenas el 24,3% y 14,6%, respectivamente, tiene acceso al riego.
Entre quienes sí disponen de riego, dos tercios (68,8%) utilizan la técnica más simple y antigua: el riego por gravedad. Y solo un tercio emplea métodos modernos como aspersión, goteo o uso de mangas. Este predominio de técnicas tradicionales limita la eficiencia en el uso del agua y reduce la capacidad de los productores para enfrentar escenarios de déficit o exceso hídrico, cada vez más frecuentes por el cambio climático.
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El acceso a servicios financieros es igualmente limitado, aunque esencial para la agricultura familiar, pues permite ahorrar y mantener liquidez frente a los ingresos irregulares propios de la actividad agrícola. En 2024, menos de uno de cada tres agricultores familiares tenía una cuenta de ahorros, y solo el 8,4% solicitó algún crédito. Las principales fuentes de financiamiento fueron las cajas municipales (27,1%), Agrobanco (24,3%) y la banca privada (23.2%).
El problema de fondo es que, la agricultura familiar al ser tan poco productiva, resulta demasiado costosa para cualquier forma de financiamiento, lo que perpetúa su condición de rezago. Además, la poca modernización tecnológica restringe la eficiencia del proceso productivo y afecta la competitividad. En los últimos tres años, a nivel nacional solo el 8,9% de las unidades familiares utilizó semillas certificadas, y apenas el 2,7% accedió a asistencia técnica.
Esta falta de innovación también tiene consecuencias generacionales: el 70% de los agricultores familiares tiene 48 años o más, lo que vuelve la actividad poco atractiva para los jóvenes y compromete su continuidad futura.
Complementariamente, apenas el 7,3% de las unidades de agricultura familiar forma parte de alguna asociación, reflejo de las dificultades para acceder a mercados más rentables. Aunque el Estado ha impulsado iniciativas para fomentar la asociatividad y las compras estatales directas, los costos siguen siendo elevados y los resultados, limitados. La asociatividad puede ser una buena solución, pero no es necesariamente adecuada para todos los productores.
Medidas concretas, no populismos electorales
Las políticas impulsadas en los últimos años, aunque enfatizan aspectos importantes como los planes de negocio, el emprendimiento rural, la extensión agraria y el acceso al financiamiento, carecen de innovación y no contemplan estrategias claras para su implementación efectiva. Si bien estas acciones son necesarias dada la situación del sector, muchas ya se venían ejecutando desde hace años con muy poco impacto.
Se requiere un enfoque más innovador, que reconozca la heterogeneidad de la agricultura familiar considerando que el 80% de estas unidades son de subsistencia —es decir, poseen menos de dos hectáreas de tierra y baja tecnificación—. Mientras la pobreza siga siendo una característica estructural del hogar agropecuario y no se garanticen condiciones mínimas de desarrollo territorial (servicios básicos, infraestructura y capital humano), la agricultura familiar continuará rezagada.
Más que recetas trasnochadas o eslóganes políticos vacíos de contenido que se utilizan durante las campañas electorales, el país necesita que la problemática de la agricultura familiar gane espacio en el debate nacional. Solo así podremos diseñar e implementar medidas concretas que permitan mejorar su productividad de manera eficiente y sostenida.
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