Mucho más que una suspensión

Más de un mes ha pasado desde que una trabajadora del despacho del congresista Freddy Díaz lo denunciara por violación en una de las instalaciones del Parlamento y lo máximo que ha podido expedir la representación nacional es una recomendación de la Comisión de Ética al pleno para suspenderlo por 120 días sin goce de haber. Una postura francamente deleznable, cuando no cómplice.

Como sabemos, en la víspera de las Fiestas Patrias la mencionada trabajadora acudió a una comisaría del Centro de Lima para denunciar al legislador de haberla agredido sexualmente en una de las oficinas parlamentarias del jirón Azángaro. Según la denuncia, el hecho habría ocurrido durante la madrugada del 27 de julio, momentos después de que Díaz y la víctima estuvieran reunidos conversando sobre asuntos laborales y bebiendo alcohol.

Por si lo anterior no fuera suficiente, poco después se difundió un video en el que se lo ve cerrando con llave la puerta de la oficina en la que se habría cometido el delito y retirándose presurosamente ante los reclamos de otro trabajador que se hallaba en el edificio y que fue quien después se encargó de rescatar a su compañera. Para cualquier persona con un mínimo de empatía y de capacidad de indignación, las imágenes habrían servido para espolear a quienes están facultados para sancionar de alguna manera a Díaz a hacerlo pronta y drásticamente. Eso, sin embargo, no fue lo que ocurrió aquí.

En los días posteriores a la denuncia, a decir verdad, ya se podía prever que el Congreso se aprestaba a tomar el asunto que implicaba gravemente a uno de los suyos con suma parsimonia. Y así lo dijimos en este Diario el pasado 9 de agosto, cuando advertimos que “entre la representación nacional […] parecería haberse instalado una desidia y hasta una embozada tolerancia a propósito del delito en el que habría incurrido uno de sus integrantes”. Una percepción que, casi un mes después, continúa vigente.

Hasta ahora, como mencionamos al inicio, lo único que ha hecho al respecto el Legislativo es elevar una propuesta de la Comisión de Ética para suspender al legislador –que hasta hace poco seguía asistiendo a sesiones, votando mociones y manteniendo reuniones de trabajo en su despacho– por 120 días sin goce de haberes que todavía debe aprobarse en el pleno. Una sanción que deja un sabor amargo por lo insuficiente que resulta, más aún cuando el sustento de la misma solo señala que Díaz habría vulnerado el Código de Ética Parlamentaria al ingerir alcohol y tener relaciones sexuales en una de las instalaciones del Congreso, eludiendo el cargo más grave que se ha formulado contra él.

Mientras tanto, la denuncia que congresistas de distintas bancadas presentaron contra Díaz ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el pasado 9 de agosto todavía no ha sido revisada. Esta, a diferencia de la aprobada por la Comisión de Ética, busca inhabilitar al parlamentario por 10 años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan derivarse del proceso que la fiscalía ya viene siguiéndole en su contra.

No obstante, como dijimos, el tema ni siquiera ha sido visto por el referido grupo de trabajo porque todavía no se ha instalado, y tampoco hay fecha fija para que esto ocurra. Al mismo tiempo, pocos son los parlamentarios que se han pronunciado para que este contratiempo pueda desatarse a la brevedad posible.

Nunca dejará de asombrar lo morosos que suelen tornarse los congresistas en nuestro país cuando se trata de sancionar a uno de los suyos. Incluso aunque ello les reste puntos de popularidad que no les sobran.

Por la gravedad de la denuncia en su contra y por las evidencias que se han conocido, el legislador Freddy Díaz merece mucho más que una suspensión por cuatro meses de parte de sus colegas. Los únicos que parecen creer lo contrario son ellos.