“No se aceptan proyectos impopulares”

Ayer, en este espacio, comentábamos la decisión de los congresistas de crear una comisión integrada por nueve parlamentarios –uno por bancada– para preparar en 150 días la reforma del sistema de pensiones del país. Ello, después de haber rechazado una propuesta similar del Gobierno, que pedía conformar también una comisión para el mismo objetivo, aunque integrada –además de por tres congresistas– por representantes de los ministerios de Economía y Finanzas, Trabajo, y de organismos como la ONP, la SBS y el BCR.

¿Por qué los parlamentarios alentaron la conformación de una comisión y desecharon la de otra? La respuesta parece hallarse en la procedencia de los integrantes de cada grupo. Pues es evidente que resulta más reconfortante llevarse los créditos de haber realizado una reforma tan postergada y necesaria como la del sistema previsional, antes que tener que compartirlos con otras instituciones.

Teniendo esto en cuenta, revisemos lo que ocurrió en el pleno virtual del último sábado. Ese día, se votaron dos dictámenes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso que aglutinaban cinco proyectos de ley (dos presentados por el Legislativo, dos por el Poder Judicial y uno más por el Ejecutivo) y que compartían un mismo objetivo: establecer pautas para el deshacinamiento de las cárceles peruanas debido a la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19.

A grandes rasgos, los dos dictámenes apuntaban a que se varíen las prisiones preventivas de algunos imputados por un mandato de comparecencia con restricciones, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos (como la cantidad de tiempo que el procesado ha pasado recluido, la imputación de delitos que no sean considerados graves o la existencia de enfermedades previas, entre otros).

El hecho de que se ponga la atención en quienes tienen prisión preventiva no es menor. El hacinamiento de los establecimientos penitenciarios del país, como se ha mencionado antes, es un problema mucho más antiguo a la emergencia sanitaria que atravesamos en estos días, pero que se ha visto agravada por esta. Recordemos, si no, que los 68 penales repartidos por el territorio nacional tienen una capacidad para albergar a poco más de 40.000 internos. Sin embargo, acogen a más de 90.000 reclusos (en porcentajes, la sobrepoblación es alrededor de 130%), de los que alrededor de 36.000 se encuentran en prisión preventiva.

A pesar de lo anterior, el pleno del Congreso archivó ambos dictámenes. Y, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma del sistema de pensiones, en esta oportunidad los congresistas no presentaron una propuesta alterna ni trataron de buscar solución alguna. De hecho, ni siquiera se esforzaron en dar razones técnicas para sustentar las denegatorias. La respuesta fue más o menos esta: que el Gobierno se encargue del tema. O, en palabras del vicepresidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Walter Ascona (Alianza para el Progreso), “si tienen las facultades [el Ejecutivo], ¿por qué tirar la pelota a otro lado? ¿Quieren usar este mecanismo para desprestigiar al Legislativo?”.

¿Por qué, entonces, el Congreso le encarga al Gobierno un tema tan poco popular como el de aliviar la población penitenciaria, pero, en cambio, busca a como dé lugar encargarse (incluso sacando a otras instituciones de la foto) de un tema tan redituable como el de las pensiones? La consigna parece clara: “En este Congreso no se aceptan proyectos impopulares”.

Por supuesto que lo anterior no quita que el Ejecutivo y otras instituciones cargan con cierta responsabilidad por no haber afrontado un problema que requería una atención urgente sino solo cuando el problema se tornó inocultable. Pero los errores de algunos no edulcoran los de otros. El presidente ha anunciado que solicitará facultades legislativas para darle solución a la crisis de los penales, y ante la actitud del Parlamento, solo queda esperar que se las concedan. En todo caso, el COVID-19 –que ya ha contagiado a varios internos y personal penitenciario– no va a detener su curso hasta que las autoridades se logren poner de acuerdo.