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Editorial: Petróleo con pies de plomo

Los retrasos en la modernización de la refinería de Talara solo hacen más caro un proyecto ya demasiado costoso.

Editorial

Talara

Cada día de demora en el proyecto significa producción perdida, mayores intereses por pagar y menor rentabilidad.

El Estado nunca ha sido un gestor particularmente eficiente de grandes proyectos de inversión. Entre los más significativos de los últimos años, el gasoducto del sur y la línea 2 del metro de Lima –ambos con varios miles de millones de dólares de presupuesto–, el primero se mantiene desactivado luego de entrar en proceso de judicialización con los contratistas y el segundo estaría listo, según el último cronograma, en el 2024 –es decir, en el mejor de los casos, diez años después de iniciada su construcción–.

Esta reflexión aplica tanto para proyectos necesarios –es el caso de la línea 2 aludida– como para otros en los que hubiera sido mejor ahorrarse el esfuerzo. Este último es el caso del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), iniciativa de Petro-Perú que, a un exorbitante costo de aproximadamente US$5.000 millones, viene siendo ejecutada por la empresa española Técnicas Reunidas.

Según el ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, la refinería entraría en operaciones a finales del 2020 o inicios del 2021, un par de años luego de lo inicialmente planeado. Sin embargo, ya en diciembre del año pasado la contraloría advertía sobre paralizaciones y retrasos en las entregas, con el riesgo de que se generen ampliaciones de plazo y aun mayores sobrecostos en el proyecto. Poco antes de ello, en setiembre del mismo año, SSK –empresa de ingeniería, construcción y montaje industrial– resolvía el contrato con Técnicas Reunidas Talara (TRT) por los “reiterados incumplimientos de TRT y su negativa a llegar a un entendimiento”. Y hace pocas semanas se conoció que el consorcio Cosapi-JJC-SC, también asociado con TRT, estaría en una situación similar.

En adición a lo anterior, esta semana Petro-Perú confirmó una “disminución en los trabajos” debido a diferencias que mantiene con Técnicas Reunidas. Según Jorge Alméstar, gerente del proyecto, “no debería haber una afectación, siempre y cuando el contratista (TR) implemente un plan de recuperación, que es obligatorio por contrato”.

A la fecha, el PMRT tiene un 73% de avance. En caso se cumpla el actual cronograma –lo cual es cada vez más incierto–, la obra habría tardado seis años y medio en construirse. Además de las contingencias y problemas con los subcontratistas que genera el retraso, cada día de demora en el proyecto significa producción perdida, mayores intereses por pagar y menor rentabilidad de un proyecto en el que todos los peruanos somos socios a través del Estado. Solo los gastos financieros anuales ascienden a casi US$100 millones, de acuerdo con un informe de El Comercio.

Desde hace años este Diario se ha mostrado consistentemente escéptico acerca de los supuestos beneficios que el PMRT traería al país. Dados los altísimos costos involucrados y los márgenes de operación esperados –es decir, la diferencia bruta entre el precio de venta de los derivados y el costo del petróleo necesario para producirlos–, es difícil anticipar que la nueva refinería sea un buen negocio (si lo fuera, ¿no debería mejor haberla hecho un privado y no una empresa estatal como Petro-Perú?).

Si, en cualquier caso, el proyecto debe obstinadamente llevarse a cabo, cuanto menos tiene como responsabilidad minimizar las pérdidas por retrasos innecesarios que plagan este y otros proyectos públicos menos onerosos. El costo en que ya se ha incurrido con el PMRT para satisfacer aquel trasnochado interés político que demanda mayor participación empresarial del Estado es más que suficiente tal y como está.

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