El Gobierno promulgó ayer la norma aprobada por el Congreso para que los procuradores públicos del propio Parlamento, el Poder Judicial y diversos organismos autónomos sean elegidos por cada una de esas entidades. Hasta ahora, tales funcionarios eran elegidos por la Procuraduría General del Estado (PGE) y respondían a ella, pero ahora esto último tampoco será así.
Como se recuerda, la iniciativa original fue aprobada en el Legislativo, en segunda votación, el 10 de mayo pasado, con 64 votos a favor, 41 en contra y cinco abstenciones, lo que revela la extensión del respaldo que este cambio tiene en la representación nacional y bancadas de todo signo político. Esto, en su momento, llamó la atención por la advertencia que hizo entonces el procurador general, Daniel Soria, a propósito del quiebre que lo establecido por la ley supone con respecto al sistema de defensa jurídica del Estado. “Si entra en vigencia […], los procuradores de organismos constitucionalmente autónomos ya no podrán ser elegidos por concurso público”, anotó en esa oportunidad Soria. Y señaló también que los procuradores deberían trabajar “sin influencias políticas o de cualquier naturaleza”. Ambas cosas, como es obvio, han dejado de ser posibles al publicarse la norma que comentamos.
Asimismo, el procurador Soria anunció en ese momento que enviaría inmediatamente un oficio a la presidenta Dina Boluarte para pedirle que el Ejecutivo observase la norma y reveló que ya había planteado esa misma solicitud ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Al parecer, no obstante, sus demandas fueron desoídas en el Gobierno, y ahora el despropósito ha sido consagrado.
¿Qué es lo que ha movido a la mandataria y a su equipo ministerial a desentenderse de la advertencia de Soria (de la que, además, se hicieron eco importantes voces de la opinión pública)? Difícil saberlo a ciencia cierta, pero la hipótesis de que sencillamente ha querido satisfacer a la mayoría parlamentaria no es descabellada. Por supuesto, la convivencia pacífica y la colaboración entre los poderes son siempre deseables… Pero no al costo de renunciar a la función de contrapesos cruzados que la Constitución le asigna a cada uno de ellos. En realidad, es precisamente la eventualidad de que ese contrapeso pueda ser ejercido en su contra lo que parecería dictar la disposición complaciente de la mandataria frente al Parlamento.
Los argumentos esgrimidos desde el Congreso para justificar la modificación de la norma, por otro lado, no resultan tampoco convincentes. El legislador Jorge Montoya (Renovación Popular) ha sostenido, por ejemplo, que la decisión es pertinente porque en el pasado han tenido “malas experiencias” con procuradores que no hicieron “la defensa correcta” de ese poder del Estado. Pero no se ve cómo la idea de someter a quienes ocupen ese cargo a los vaivenes políticos y los intereses de tal o cual sector –ocasionalmente mayoritario– de la representación nacional vaya a mejorar esa situación.
Llama la atención, además, que en este mismo período parlamentario se haya presentado un proyecto de reforma constitucional para que sean los congresistas quienes elijan también al procurador general del Estado y para que puedan removerlo del cargo, lo que hace pensar que cierto sector del Congreso busca tener influencia sobre el sistema de defensa jurídica del Estado. Y no olvidemos, por último, que si algo ha demostrado este Congreso en las últimas semanas, es que los criterios para la selección de altos funcionarios no son siempre los más adecuados ni están guiados por criterios de solvencia técnica o moral, como el nombramiento de Josué Gutiérrez al frente de la Defensoría del Pueblo ha dejado más que claro.
En un comunicado divulgado ayer, el consejo directivo de la Procuraduría General del Estado describió el problema generado por esta nueva ley con justeza. “El Sistema de Defensa Jurídica del Estado debe cautelar los intereses del Estado y sus instituciones, y no el de las personas que dirigen o conforman”, ha proclamado. Y ante eso no cabe nada que añadir.
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