Salirse con la suya

En los últimos meses, la revelación de que varios congresistas se habrían quedado con dinero proveniente del sueldo o de bonos de sus trabajadores ha escandalizado a la opinión pública. Y con justa razón. Pocas cosas, después de todo, resultan más viles que conocer que legisladores que ganan un salario con el que muchos peruanos solo pueden soñar y que cuentan además con una serie de gollerías que varios consideran innecesarias se habrían aprovechado de las expectativas laborales de algunas personas para meterse más dinero en el bolsillo. Sin embargo, existe una isla alejada del resto del país en la que nadie parece incomodarse en lo más mínimo por este comportamiento. Nos referimos al Congreso de la República.

Ayer prosperó en la Comisión de Ética una solicitud de la legisladora de Alianza para el Progreso (APP), Nelcy Heidinger, para variar la recomendación de la sanción contra su compañera de bancada, Magaly Ruiz, quien fue precisamente la primera legisladora acusada de mochasueldo en este período parlamentario. Inicialmente, la secretaría técnica del grupo de trabajo había recomendado suspender a Ruiz por 120 días sin goce de haber, una propuesta que, no obstante, el viernes no alcanzó los votos suficientes para ser aprobada. Heidinger propuso entonces cambiar el castigo a una simple amonestación escrita y 30 días multa… y nueve parlamentarios refrendaron su propuesta. Estamos, por supuesto, ante otro abyecto caso de blindaje.

Abordada por la prensa poco después de la sesión, la legisladora Heidinger aseguró que no había pruebas contra su colega. Esto no es verdad. “Punto final” ha revelado dos testimonios de extrabajadores de Magaly Ruiz que afirman haber destinado parte de sus sueldos a la parlamentaria, además de chats y vouchers que abonan a sus denuncias. Una de las denunciantes, además, ha contado que viene sufriendo presiones por contar su versión ante la Comisión de Ética. A un grupo de legisladores, sin embargo, nada de esto parece resultarles indignante.

Pero Ruiz no ha sido la única favorecida en esta comisión. El viernes pasado, 10 congresistas votaron para cambiar la recomendación de suspender por 120 días sin goce de haber a la parlamentaria Heidy Juárez (Podemos Perú), señalada también de haberse apropiado del sueldo de al menos cuatro extrabajadores, por una mera amonestación y 30 días multa. Ese día, además, se aprobó una cuestión previa para que su caso no sea derivado ni a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ni al Ministerio Público. Resulta difícil imaginar un trato más benigno que este de parte de la Comisión de Ética hacia dos parlamentarias que cargan señalamientos de nada menos que haberse quedado con dinero que debía ser para sus trabajadores. La situación es francamente indignante.

Para variar, los casos de Ruiz y Juárez constituyen los más avanzados de la lista de los congresistas mochasueldos (que, como recordamos, integran a estas alturas nueve). De hecho, como reveló este Diario el pasado 3 de junio, el Legislativo ya venía exhibiendo una lentitud injustificada para abrirles procesos y –ni se diga ya– para sancionarlos. Lo visto en estos días, sin embargo, obliga a preguntarse cómo quedarán los casos de Rosio Torres, Katy Ugarte, María Cordero Jon Tay, María Acuña, José Arriola, Hilda Portero y Édgar Tello, denunciados por haber hecho exactamente lo mismo que sus colegas blindadas en Ética. No es muy difícil aventurar una respuesta.

Al final es como si los legisladores les dijeran a los ciudadanos que no importa cuántas denuncias se ventilen sobre ellos, cuántos testimonios de extrabajadores que se vieron presionados a entregar su dinero a tal o cual parlamentario se hagan públicos, cuántas pruebas se recopilen y aireen por la prensa, ni cuántos procedimientos se abran para dar la apariencia de que algo se hace al respecto, si a la hora de la verdad siempre habrá una mayoría de congresistas con muchos intereses y poca vergüenza para garantizar que se salgan con la suya.