Editorial: Silencio diplomático

Un evento sin precedentes en la historia diplomática del Perú estuvo cerca de tomar lugar este mes en Cusco. Según advirtió un grupo de exministros y viceministros de Relaciones Exteriores, entre quienes se cuentan Allan Wagner, José Antonio García Belaunde y Ricardo Luna, el 20 y 21 de diciembre estaba programada una reunión de Runasur, convocada por el expresidente boliviano Evo Morales, para “desmembrar al Perú otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una ‘nación aimara’ como extensión territorial boliviana”.

De acuerdo con los 11 diplomáticos firmantes, el objetivo de Morales es fundar una “América plurinacional” cuyos actores serían “los pueblos indígenas, obreros, profesores, campesinos y académicos escogidos con la misión de capturar el poder”, y “liberar a los pueblos de América mediante políticas anticapitalistas, anticolonialistas y antiimperialistas”. Para esto, la figura de Estados debería ser trascendida. Posteriormente, tres congresistas –los titulares de las comisiones de Inteligencia, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional del Legislativo– emitieron un comunicado rechazando la reunión de Runasur pues, entre otros puntos, se trataría de un “proyecto geopolítico que busca el control de los recursos naturales peruanos […], así como una salida soberana al mar para Bolivia, en detrimento de la soberanía e integridad territorial del Perú”.

En información posterior, el diario “La República” indicó que, según Rogelio Rivas, uno de los organizadores de la reunión, el evento se había suspendido debido a los cuestionamientos que suscitó la iniciativa y a la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de declarar persona no grata a Evo Morales.

Este desenlace, sin embargo, no cierra el desagradable capítulo. La iniciativa de Morales se enmarca en un proyecto más amplio y consistente de intromisión en la política peruana. Como se recuerda, por lo menos desde setiembre de este año opera en Cusco una sede del Movimiento al Socialismo (MAS), partido con el que el expresidente boliviano llegó al poder. Sus objetivos serían el impulso de una asamblea constituyente, la legalización de los cultivos de coca, la expulsión de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA y la nacionalización de los hidrocarburos. A esto se le suma una denuncia del programa “Panorama” respecto del ingreso de operadores políticos allegados a Morales que no habrían registrado sus ingresos al país en Migraciones.

El debate político abierto es bienvenido, pero este debe enmarcarse dentro de los acuerdos de subsistencia básicos para cualquier república como la unidad del territorio nacional y la limitación de la influencia de fuerzas extranjeras. En nombre de la tolerancia, el Estado Peruano no puede ser sujeto pasivo de sabotaje internacional o de manipulación para intereses foráneos. Seamos claros: la cercana relación entre Perú Libre y el MAS, un partido con credenciales democráticas muy pobres dado su no tan lejano intento de torcer la Constitución para entronizar a Morales en Bolivia, se ha convertido en un flanco abierto para la estabilidad nacional.

Al respecto, el Gobierno no ha dicho una palabra, y en ello el presidente Castillo y el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maúrtua, están faltando –vergonzosamente– a su labor. Su silencio ya no es solo preocupante; es estremecedor. Si este nivel de interferencia –en el que un exgobernante de otro país puede organizar un evento en territorio nacional con sus propios operadores políticos encubiertos para promover el desmembramiento de la república– no amerita un pronunciamiento de cancillería y una respuesta decidida del resto del aparato público, se ha perdido ya toda noción de responsabilidad con las tareas que se les han asignado para defender los intereses de la patria.