Sin demora

El tercer despacho de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos finalmente amplió esta semana una investigación para incluir a la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas y organización criminal, a propósito de supuestos aportes ilegales a la campaña de Perú Libre en las elecciones del 2021. Era la consecuencia lógica de la información que habían estado dando a los medios tanto la profesora Maritza Sánchez como Henry Shimabukuro, exasesor de Pedro Castillo, sobre la intervención de este último en el financiamiento de la campaña de la hoy mandataria. Un financiamiento que, de haber ocurrido, no habría sido declarado y que, en esa medida, abre una serie de interrogantes que ella tiene que despejar sin demora, tanto ante el Ministerio Público como ante la ciudadanía.

Hasta ahora, la jefa del Estado ha tratado de salir del embrollo con declaraciones políticas y negativas que, en más de un caso, han sido pronto desmentidas. Empezó, efectivamente, proclamando que los testimonios de las dos personas ya mencionadas eran “manotazos de ahogado desde la Diroes” y que rechazaba “esta maniobra política que pretende manchar al gobierno constitucional, a la democracia y a la institucionalidad con dichos y sin pruebas”: casi un clásico de los presidentes que enfrentan problemas de este tipo y que hace recordar, en particular, lo que decía su antecesor en el cargo cuando estaba apremiado por una situación semejante.

También ensayó el argumento de que la campaña a cuya financiación podría haber contribuido Shimabukuro era del partido Perú Libre y no suya, y señaló que tanto el personaje aludido como Maritza Sánchez habían sido retirados de su campaña por tratarse de “personas no idóneas”. Lo primero, sin embargo, se topó con el inconveniente de la aparición de los vouchers y comprobantes de pago que demostraban el costeo por parte de la empresa Kuroshima Ingeniería y Construcción E.I.R.L. (de propiedad de Shimabukuro) de pasajes de avión y estadías en hoteles para su entorno más cercano. Y lo segundo, con pruebas irrefutables de que la señora Boluarte había seguido teniendo contacto con las dos personas en cuestión hasta julio del 2021, es decir, cuando ya la campaña había concluido y ella era la vicepresidente electa.

Ninguno de los desmentidos a sus intentos de desvincularse del problema que tiene entre manos, no obstante, ha sido tan bochornoso como el que recibió su afirmación de que Maritza Sánchez no fue su asesora y que nunca le hizo llevar una agenda de campaña. “Nunca le encargué ni a ella ni a nadie que tuviese una agenda a nombre de Dina Boluarte”, declaró el jueves 23 de marzo en una conferencia de prensa… Y, para su desazón, pocos días después, este Diario tuvo acceso a un mensaje de WhatsApp del 17 de junio del 2021 en el que ella había escrito: “Maritza, por favor, hay que tener ordenada toda la documentación que fue entregada en campaña, el lunes me alcanzas. También la agendita”. Una refutación de la versión que había dado que, a decir verdad, la deja en muy mal pie.

Lo que tenemos, pues, es una situación que mina la credibilidad de quien hoy gobierna el país y, lo que es peor, por circunstancias muy parecidas a las que retaban la probidad de Pedro Castillo en su momento. No puede por eso repetir la actual mandataria la confusa danza que él intentó a su turno, atribuyendo todo a una conspiración contra la democracia y recitando coartadas que se desmoronaban a las 24 horas.

Henry Shimabukuro despierta las peores suspicacias (de hecho, ya admitió ante la fiscalía haber incurrido en el delito de tráfico de influencias), pero eso no convierte automáticamente sus testimonios en falsos.

Por el bien del sistema constitucional y la continuidad de su gobierno, entonces, lo que le toca a la presidenta Boluarte es dar respuestas inmediatas a todas estas interrogantes. Y, como decíamos al principio, no solamente al Ministerio Público, sino, sobre todo, a la ciudadanía.