Testimonio espinoso

Como informó ayer este Diario, los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana, señalados por el Ministerio Público –junto con la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes– como testaferros de una organización criminal, han optado por acogerse a la confesión sincera. En sencillo, esto quiere decir que, tras reconocer su papel en el caso que los incluye, colaborarán con la fiscalía en el desarrollo del mismo. Por lo pronto, el mismo día que se difundió la noticia el Ministerio Público informó que había solicitado ante el Poder Judicial mandato de prisión preventiva por 36 meses para Paredes (quien, además de haber estado prófuga por un día, habría sido asistida, según todo hace indicar, por personal de Palacio de Gobierno para evitar su detención el pasado 9 de agosto).

Con este nuevo episodio, asimismo, se repite un patrón que ya ha aparecido reiteradas veces en las investigaciones que involucran al jefe del Estado o a su familia: mientras él asegura que todo lo que se le imputa es producto de una conspiración malévola, personas señaladas de haber tomado parte en los crímenes que viene investigando el Ministerio Público, y que en no pocos casos han sido bastante cercanas al mandatario, optan por colaborar con la justicia. Así, al grupo que ya conformaban Bruno Pacheco, Zamir Villaverde y Karelim López, ahora se han venido a sumar los hermanos Espino.

Sus testimonios, además, tienen el potencial de terminar de echar por tierra buena parte de la estrategia de victimización desplegada por el presidente. Según fuentes de este Diario, los hermanos habrían reconocido que detrás de la obra de instalación del sistema de agua potable y saneamiento básico de más de S/3 millones que ellos ganaron en Anguía estuvieron Yenifer Paredes y el alcalde de ese distrito, José Medina. Asimismo, Hugo Espino ha asegurado que los depósitos de dinero que recibió el 6 y 26 de octubre del año pasado (y que ascienden a la nada desdeñable cifra de S/90.000) de parte de Walter y David Paredes, hermanos de la primera dama Lilia Paredes, fueron dirigidos por esta última.

Con esta información, como es evidente, la situación de la cuñada de Castillo y de su esposa se torna aún más espinosa de lo que ya estaba. Y no es exagerado pensar que las autoridades ordenen pronto medidas restrictivas severas contra la segunda (como ya hicieron con la primera). Después de todo, parece que ellas tienen mucho por lo que responder ante la justicia.

Tampoco es exagerado presumir que el Ejecutivo responderá con más de lo mismo ante esta nueva andanada de confesiones. Por un lado, con la consabida estrategia de victimización y, por el otro, dificultando o cuando menos negándose a colaborar con la acción de la justicia. Recordemos que esta semana desde Palacio de Gobierno se señaló que se perdió el registro de tres cámaras de seguridad coincidentemente el mismo día en el que un grupo de policías y fiscales llegaba para detener a la señorita Paredes; un acto que superó los límites de desvergüenza a los que ya nos tiene acostumbrados esta administración. Y ayer el presidente afirmó que los S/90.000 que Hugo Espino recibió de dos de sus cuñados fue “para pagar una cuenta […] en una cooperativa”.

En todo caso, lo que el Gobierno se esfuerza por ocultar o minimizar lo terminan sacando a flote quienes antes se encontraban dentro o muy cerca de él. Es lo que ha pasado, por ejemplo, con los casos del Puente Tarata III, los ascensos en las Fuerzas Armadas y ahora con una serie de obras en Anguía. Y es solo previsible que estas confesiones sigan drenando conforme la fiscalía vaya cerrando el círculo sobre el mandatario.

Parafraseando a Manuel González Prada, podríamos decir que allí donde el Ministerio Público ha aplicado el dedo en este gobierno ha brotado pus. Y mientras el presidente trata de hacer pasar estas secreciones como meros inventos de sus enemigos, sus propios colaboradores o beneficiarios de su gobierno empiezan a dejarlo sin piso.