Editorial: Veinte y contando

No han pasado ni tres semanas desde que el Congreso aprobó el proyecto de ley que autorizó el transporte interprovincial de taxis colectivos en todo el país (exceptuando Lima y el Callao) y las víctimas fatales por accidentes que han tenido como protagonistas precisamente a ese tipo de vehículos suman ya 20. Eso, en cualquier caso, a la hora de escribir estas líneas, porque la verdad es que la velocidad a la que esa cifra se incrementa es literalmente escalofriante y resulta difícil mantener el registro actualizado.

En resumidas cuentas, lo que la desafortunada norma legalizó fue que los automóviles de clasificación M1 (modelos sedán o station wagon) y M2 (minivanes) presten servicios de transporte de personas en las vías nacionales. Esto contravenía lo señalado por el Reglamento Nacional de Administración de Transporte en el sentido de que esa modalidad del servicio en cuestión solo debía ser brindada por los vehículos de categoría M3 (buses como los que usualmente cubren las rutas interprovinciales), específicamente fabricados para cumplir con esas tareas y soportar una considerable actividad diaria. Estadísticamente, el número de fallecidos o heridos de gravedad por accidentes en los automóviles M1 y M2 es bastante mayor al que reportan los vehículos M3.

Como se sabe, el Parlamento (el presidente de cuya Comisión de Transportes, Carlos Simeón Hurtado, se autodenomina la voz de los colectiveros) aprobó la iniciativa por insistencia… aunque en realidad habría que decir que lo hizo por contumacia, pues la cantidad de voces que, con criterios técnicos, trató de disuadirlo de ir adelante con la “formalización” de una actividad que con demasiada frecuencia acarreaba y acarrea consecuencias fatídicas fue –o mejor dicho, tendría que haber sido– abrumadora. Una mayoría de 81 legisladores, no obstante, decidió desoír esas opiniones y empujar la irresponsable norma, llevada aparentemente por la sola voluntad de hacerse populares entre quienes se beneficiarían por ella. Una mayoría, hay que decir, que no puede ser identificada solo con una o dos bancadas, porque –como el número de votos obtenidos por la insistencia sugiere– estuvo conformada por representantes de prácticamente todas ellas.

No fue esa, por cierto, una conducta inédita de parte de la actual representación nacional. El país ha podido verificar otras versiones de ese mismo comportamiento a propósito de diversas iniciativas de reciente data. Como, por ejemplo, las referidas a la llamada “devolución” de los aportes a la ONP o la de los ascensos automáticos para los trabajadores del sector salud. Medidas, en general, que benefician a una minoría de peruanos a costa de perjudicar a la mayoría, pero que resultan políticamente rentables para quienes las impulsan porque las minorías gratificadas están organizadas, mientras que las mayorías que sufren las consecuencias se encuentran dispersas en toda la sociedad. El costo político de adoptarlas, por lo tanto, está diluido, en tanto el beneficio es concentrado.

Pero si ese modo de proceder es en todos los casos deleznable, en este en particular deviene ya macabro, porque se traduce en muertes como las que han enlutado a tantas familias en estos días a raíz de los accidentes ocurridos en Junín y en Puno sobre los que este Diario oportunamente ha informado.

Resulta singularmente cínica, por otro lado, la posición de quienes argumentan ahora que esos accidentes habrían sucedido con o sin la aprobación de la ley que nos ocupa, pues la “formalización” ocasiona que los intentos de fiscalización que se mencionan declarativamente en la norma se queden solo en eso. Y es insoslayable, además, la circunstancia de que la ley estimulará a nuevos potenciales prestadores de este luctuoso servicio a dedicarse a él, pues las concesiones a la informalidad, por más que vengan rodeadas de advertencias de que son hechas excepcionalmente y por única vez, son percibidas invariablemente como la antesala de muchas otras.

Nada de eso, sin embargo, daría la impresión de poder mover a la actual representación nacional a enmendar su desaguisado, pues mientras las víctimas de los accidentes de los taxis colectivos se siguen acumulando al lado de las carreteras, ella sigue empeñada en desafiar la lógica más elemental y cualquier llamado a la cordura.