Martín Vizcarra no puede ser candidato en el 2026. Ni a la presidencia ni a ningún cargo de elección popular. Sobre él pesan dos inhabilitaciones (que a finales de este mes podrían convertirse en tres) decretadas por dos Congresos distintos: la primera por vacunarse de manera irregular contra el COVID-19, y la segunda por sus vínculos con empresas privadas mientras era ministro de Transportes y Comunicaciones. Por si lo anterior fuera poco, la semana pasada el Jurado Nacional de Elecciones oficializó la cancelación de su militancia en Perú Primero como consecuencia de dichas sanciones y, como sabemos, para candidatear el próximo año una persona debe estar previamente afiliada a un partido.
Por supuesto, el expresidente y sus colaboradores más cercanos no ignoran esta realidad (de hecho, fuentes cercanas a la organización política han reconocido que ya tienen un plan B), pero continúan haciendo campaña como si esta no existiera. La verdadera motivación detrás de este proselitismo engañoso no sería otra que colocar una buena cantidad de senadores y diputados, y así contar con una bancada que le permita negociar a favor de sus propios intereses en el próximo Parlamento.
Más allá de los problemas éticos que este escenario implica (una mentira artera a sus seguidores), la situación también podría tener implicancias de otra naturaleza. Por ejemplo, según el experto en temas electorales Alejandro Rospigliosi, si bien el exmandatario tiene derecho a participar en las actividades proselitistas que quiera, debe hacerlo enfatizando su condición de inhabilitado. “Los reglamentos del JNE regulan la propaganda electoral, y los jurados electorales especiales no deben permitir que se engañe al elector con la candidatura de una persona que está prohibida de participar”, explica el abogado, quien añade que incluso Perú Primero podría recibir una multa por prestarse a esta engañifa.
Por supuesto, Vizcarra no hace esta precisión en sus mítines y, más bien, insiste en que está en carrera a la presidencia, vendiéndoles a los votantes un escenario que hoy, sencillamente, está prohibido por ley. Nada de esto sorprende viniendo de un político con fama de embustero (las mentiras que dijo durante su paso por la presidencia son ampliamente conocidas), pero no por ello la situación deja de ser reprochable.
No olvidemos que las elecciones del próximo año serán mucho más complejas que las que hemos tenido en las últimas décadas (hasta ayer, por ejemplo, ya había 43 partidos inscritos, se han aprobado nuevas reglas electorales y elegiremos nuevos cargos en el Legislativo bicameral). Por lo que lo mínimo que podemos pedirles a las autoridades y a los participantes es que sean responsables y cuidadosos al comunicarse con la ciudadanía. No es eso lo que Vizcarra y sus colaboradores vienen haciendo, quienes parecen empeñados más bien en estafar a los votantes.
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