Hoy el Tribunal Constitucional (TC) sesionará para analizar el recurso de habeas corpus presentado por Vladimir Cerrón, quien busca anular la orden de prisión preventiva dictada en su contra. Lo cuestionable no es solo que el prófugo —que lleva más de dos años huyendo de la justicia— pretenda obtener amparo constitucional para continuar su campaña presidencial, sino también la velocidad inusitada con la que el TC ha procesado su solicitud, mientras miles de ciudadanos esperan meses o años para ser atendidos.
El expediente ingresó al TC el 11 de febrero del 2026 y en menos de un mes se programó la audiencia. Esta celeridad inaudita contrasta con otros recursos que el mismo pleno analizará hoy y que esperan desde el 2024. La pregunta es inevitable: ¿qué hace especial el caso de Cerrón para merecer tan expeditivo tratamiento?
La presidenta del TC, Luz Pacheco, ha intentado justificar esta velocidad indicando que “los expedientes se programan por orden de antigüedad, urgencia o por solicitud del ponente”. Como el caso de Cerrón no califica por antigüedad —apenas lleva un mes en el TC— solo quedan dos opciones: fue considerado urgente o el ponente lo solicitó. Y aquí surge otro dato inquietante: según fuentes de El Comercio, el ponente es el magistrado Pedro Hernández, quien ya ha favorecido previamente a Cerrón en dos ocasiones. En una de ellas a partir de su ponencia el TC anuló una condena por corrupción que pesaban sobre el exgobernador regional de Junín.
En casos anteriores, como el de Cerrón, el patrón fue consistente: cuatro meses para programar audiencia, casi un año para fallar. Pero ahora todo ocurre en semanas. La defensa de Cerrón ha introducido un argumento pintoresco: sostiene que su patrocinado tenía derecho a la “resistencia legítima”, lo que lo habilitaba legalmente a fugarse. Este razonamiento pretende convertir la fuga de la justicia en un derecho constitucional.
La celeridad del TC en este caso envía un mensaje devastador para la credibilidad del sistema de justicia. Mientras ciudadanos comunes esperan años para que se atiendan sus recursos, un prófugo investigado por crimen organizado y lavado de activos obtiene una audiencia en semanas. Y tiene como ponente a un magistrado que previamente ya ha orientado fallos a su favor.Si el TC anula la prisión preventiva de Cerrón, no solo estará legitimando la fuga como estrategia legal válida. Estará confirmando que en el Perú existen dos justicias: una rápida y benevolente para los poderosos, y otra lenta e implacable para los demás.
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