En las últimas dos semanas, la crisis energética desatada tras la deflagración de un ducto de Camisea paralizó diversas actividades en el país, desde la provisión de gas natural hasta la realización de clases presenciales en Lima. Lo que no se detuvo, sin embargo, fueron las extorsiones y, especialmente, las ejercidas contra los trabajadores del transporte público, que han tenido que enfrentar dos amenazas al mismo tiempo: la falta de combustible y el crimen organizado.
A inicios de semana, un bus de la empresa Translicsa fue tiroteado por sicarios en moto mientras cubría su ruta en el distrito de San Martín de Porres. Los criminales –que registraron el ataque en un video a modo de intimidación– alcanzaron al conductor de la unidad en el cuello. El miércoles, Michel Hurtado Serna, chofer de la empresa Santa Catalina, falleció en Villa El Salvador, luego de que sicarios interceptaran la unidad que manejaba y dispararan varias veces contra él. Y al día siguiente, en el Callao, delincuentes abrieron fuego contra una combi a la altura del óvalo de Minka. Uno de los proyectiles impactó contra una mujer, que falleció poco después en el hospital Barton, a donde había sido trasladada. En los últimos días, además, se han reportado casos de buses incendiados que las autoridades no descartan que sean también producto de los extorsionadores.
Todo esto ocurre, vale recordar, pese a que Lima y el Callao se encuentran en estado de emergencia, lo que constata –una vez más– que esta medida por sí sola no soluciona nada. Recordemos también que días atrás el presidente José María Balcázar oficializó la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad (2026-2028), y que ayer la jefa del Gabinete, Denisse Miralles, anunció que desplegarán a más de 5.700 policías en la capital, y que evalúan instalar cámaras de seguridad en los buses de transporte público. Todos estos anuncios pueden sonar bastante bien, pero son insuficientes. No se puede dejar fuera, por ejemplo, la importancia de la inteligencia policial para desmantelar a las organizaciones detrás de estas atrocidades, ni el ataque a sus fuentes de financiamiento (muchas mueven grandes cantidades de dinero ante la pasividad de las autoridades)… medidas que los especialistas vienen demandando desde hace tiempo, pero que parecen caer en saco roto.
Aliviados ya de la crisis del gas –ayer el Ejecutivo afirmó que la emergencia había sido “superada en su totalidad”–, la ciudadanía empezará a demandarle al gobierno de Balcázar soluciones efectivas y rápidas al problema de la criminalidad, que parece ser el único sector en el país que nunca para.
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