Extorsión se expandió de Lima a regiones: ¿cómo se comporta el delito y cuáles son sus características?

La extorsión, y sus distintas modalidades, se ha convertido en uno de los delitos por excelencia en nuestro país. Lejos de verse frenado, la realidad dicta que este ilícito viene expandiendo sus redes a otras regiones más allá de Lima. Es decir, se va transformando y adaptando a distintos escenarios a nivel nacional. Esta es una de las principales conclusiones a la que llega el último reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia.

Dicho observatorio es una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y Capital Humano y Social (CHS) S.A., cuyo objetivo es entender y enfrentar uno de los problemas más urgentes del país: la inseguridad ciudadana y el aumento de la violencia. Fruto de ello es el informe publicado. La encuesta realizada da la posibilidad de comparar los últimos tres meses del 2024 con los últimos tres meses del 2025.

Si algo deja en claro el reporte es que la extorsión continúa siendo un problema latente, pero que viene sufriendo cambios en su distribución territorial y social: el 25% de la población del país (en 2024 y 2025) reporta conocer o haber sido víctima de extorsión en los últimos tres meses.

Además, en el último año, se revela que parte de la extorsión se ha desplazado de Lima hacia el interior del país, y de la zona urbana hacia la rural. Al mismo tiempo, se observan transformaciones y afianzamientos de modalidades criminales como el “gota a gota” y las estafas mediante canales digitales.

A través de una Encuesta de Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia, se llegó a la conclusión de que se mantiene el resultado entre los años 2024 y 2025: una cuarta parte de la población del país mayor de 18 años (25%) reporta conocer o haber sido víctima de extorsión en los últimos tres meses. Este porcentaje representa a más de 6 millones de personas.

Sin embargo, el dato aun más relevante a observar es que en el último año parte de la extorsión se ha desplazado de Lima hacia el interior del país y de la zona urbana hacia la zona rural.

Asimismo, otro dato a destacar es que a nivel socioeconómico, la incidencia de este delito disminuyó unos puntos porcentuales en los sectores A/B. Por otro lado, viene creciendo en los sectores D/E, en concordancia con la diversificación hacia zonas rurales.

En tanto, el informe revela que ha habido una disminución de la incidencia del delito extorsivo del 2% en Lima y 5% en el norte del país; mientras que, en contraposición, se ha registrado un crecimiento de la misma en las zonas centro, sur y oriente del país.

Esto demostraría que lejos de pensar que el negocio criminal de la extorsión ha disminuido, lo que ha pasado es que se ha redistribuido a nivel nacional.

Por otro lado, el reporte da cuenta de que en el caso de la modalidad extorsiva del “gota a gota” esta sí ha experimentado un crecimiento importante. Pasó de tener una incidencia del 15% en el 2024, a una del 19% en la última medición en el 2025, es decir, casi la quinta parte del país.

Cabe mencionar que si bien el “gota a gota” es una actividad extorsiva, su origen es distinto al de otras modalidades, ya que en este caso suele existir un acercamiento de parte de la víctima o un acuerdo inicial para que se le haga entrega de un monto de dinero a intereses exorbitantes. A esta etapa le sigue casi al instante una presión extorsiva.

Mientras que en Lima ha disminuido solo un punto porcentual el impacto del “gota a gota”, el crecimiento de este ilícito en el interior del país se ha dado de forma significativa. En la zona urbana pasó de 14% en el 2024 a 21% en el 2025.

Este crecimiento en el interior del Perú también ha tenido su manifestación en el ámbito rural, con un incremento de un punto porcentual. En tanto, las regiones con los mayores aumentos son el norte (de 16% a 22%), el centro (de 11% a 26%) y el sur (de 9% a 12%). A nivel socioeconómico, todos los sectores registraron incrementos.

Ricardo Valdés, director CHS Alternativo, indicó a El Comercio que el reporte arroja al menos unos cuatro hallazgos importantes. Uno de ellos es que la extorsión a nivel nacional de manera genérica se mantiene afectando a una cuarta parte de la población. Se muestra, agregó, que si bien bajó un tanto en Lima ha crecido bastante en el interior del país y en la zona rural.

“Lo que nos dice es que la extorsión no ha terminado, no ha acabado, no se ha reducido, sino que se mantiene en niveles muy altos, pero que además tiene un comportamiento de crecimiento hacia la zona rural y afecta enormemente al centro del país y al sur. Lo que interesa es focalizar esta información, para que ayude al trabajo policial, de investigación. Aquí ya hay un indicador interesante que creo que puede ser muy útil para el gobierno”, señaló.

Asimismo, Valdés destacó que la extorsión, al trasladarse a la zona, está afectando más a los niveles D y E. En ese sentido, dijo, habría que evaluar cuán relacionada se halla esta actividad con las cadenas productivas de las economías ilegales. “Al crecer estas de sobremanera, todo el sistema de acompañamiento a este esquema de producción ilícito genera mucha actividad económica. Personas que proveen de bienes y servicios a estas actividades ilícitas son, obviamente, un objetivo muy interesante para los extorsionadores“, detalló.

En el caso del aumento del “gota gota”, el experto comentó que es un hallazgo importante porque se trata de una modalidad de la extorsión que pasa desapercibida, pero que realmente está afectando en demasía a la economía de muchas familias en el país. “Lo interesante de este resultado es que si bien en Lima ha decrecido un punto, el crecimiento en el interior del país es del 50%. La zona más afectada es el centro país, que implica tanto la costa como la sierra. Es decir, el crédito gota a gota y también la extorsión en general se ha trasladado de Lima a provincias. En general, ha crecido en todas partes", manifestó.

Por otro lado, sobre los robos de celulares y acceso a cuentas bancarias, Valdés mencionó que es la “comprobación fáctica del vínculo entre la criminalidad común y la criminalidad organizada”. En ese sentido, dijo que el reporte brinda un enfoque que puede ser útil al gobierno para desarrollar nuevas políticas de lucha contra el crimen. “Este nexo de delito común y crimen organizado es muy importante porque establece de manera fehaciente el vínculo sistémico de las criminalidades”, expresó.

El reporte no describe la metodología de la encuesta. No sabemos con precisión a cuantas personas se entrevistó y el margen de error de la muestra. Existen variaciones porcentuales de 3%. En ese caso no podemos afirmar si hay cambios o no. Aquellas variaciones de 5% si parecen ser mas significativas. Ello ocurre en zonas del centro y del sur. Y sobre ello aun no hay claridad si el crecimiento en estas zonas se da como consecuencia de un desplazamiento o de un crecimiento singular. Lo que si permite advertir la encuesta es que la extorsión ocurre en todas partes del país.

Por su parte, el experto en criminalidad, Frank Casas, dijo que el crecimiento del “gota a gota” debe interpretarse como la ausencia de una respuesta integral por parte del Estado. Si bien, señaló que este ha sido un poco más agresivo para desarticular bandas asociadas a la extorsión en esta modalidad, ha sido menos efectivo para controlar los otros componentes de este delito, como la circulación de celulares, chips, e información de datos personales.

“Hay un mercado negro de estos objetos que funcionan con impunidad. Por otro lado, el problema no es solo de política criminal, sino también de política económica. Mientras no se resuelva la ausencia de inclusión financiera para pequeños comerciantes formales o informales, muchas personas optan por este tipo de préstamos pese al riesgo que ello implica“, explicó.

En cuanto al robo de celulares, Casas manifestó que la respuesta no basta con agravar las penas, sino que va más por el lado de controlar la venta mayorista de chips. “Es la única forma de que el móvil sea inservible. Las personas no siempre tienen temor de ir presos. Tampoco es suficiente el apagón telefónico de lista blanca y negra. En México y Colombia ello no ha sido efectivo", mencionó.

Para el caso del acceso a cuentas bancarias, añadió que se necesita trabajar de manera más cercana con los consorcios bancarios y cajas rurales. Subrayó que la idea es mejorar el intercambio de información entre bancos y las unidades PNP y Fiscalía. “Sabemos que muchas veces estos robos surgen con complacencia o complicidad de trabajadores del banco. De otro lado, creo que se debería empezar a generar mas campañas comunicacionales para enseñar al público como mejorar la seguridad y protección de sus cuentas a través de los celulares", indicó.

El informe también aborda otros hechos delictivos que viene tomando fuerza en el Perú. Por ejemplo, más de 6 millones 600 mil personas (27%) reportan haber sido víctimas –o conocer a alguien que lo fue– de estafa a través de teléfono fijo, celular o internet. Esta cifra es dos puntos porcentuales mayor que la registrada en el 2024.

Lima concentra una incidencia del 30%, mientras que el interior del país alcanza el 25%. La zona con el mayor crecimiento de estafas ha sido el centro del país, que pasó de 17% en el 2024 a 30% en el 2025.

En tanto, los resultados demuestran la vinculación de los delitos comunes con la criminalidad organizada. De las más de 2 millones 900 mil personas a las que en 2024 les robaron el celular y accedieron a sus cuentas bancarias –o conocen a alguien que le pasó–, se pasó a casi 5 millones y medio personas en el 2025.

Esto representa un crecimiento de algo más del 80% en la vulneración de información bancaria. El impacto ha sido particularmente relevante tanto en Lima (13 puntos porcentuales adicionales) como en el interior del país (8 puntos porcentuales adicionales), afectando mayoritariamente a las áreas urbanas. Las regiones norte y centro del país han sido las más golpeadas.

En el caso de la suplantación de identidad para acceder a cuentas o tarjetas de crédito, la comparación de la incidencia se ha mantenido estable durante los últimos 12 meses. Aun así, el informe precisa que una incidencia del 11% tanto en el 2024 como en el 2025 terminó afectando a más de 2 millones 720 mil personas en los últimos tres meses del 2025.

El estudio muestra que en el 2025, se registró el asesinato de 239 transportistas a nivel nacional, con especial énfasis en Lima, Callao y la costa norte de Tumbes a Ica, incluyendo Lima provincias. Un total de 138 mototaxistas, taxistas y/o sus pasajeros fueron los más afectados por el crimen violento. La gran mayoría fueron mototaxistas.

Asimismo, colectiveros, choferes de micros y buses fueron también asesinados: 101 en el 2025. Unidades incendiadas y ataques con explosivos han llevado a muchos a dejar el oficio de conductor.