Manchados de nacimiento

Entre las organizaciones que operan con el único fin de servir a sus propios miembros a costa de todo el resto de la sociedad, hay algunas que nacieron para tal fin y otras que se fueron torciendo en el camino. La evidencia que se ha ido acumulando en los últimos meses apunta a que el partido político Perú Libre pertenece más a la primera categoría que a la segunda.

Ayer, la Unidad de Investigación de este Diario reveló que el local partidario de Perú Libre en Breña fue adquirido en octubre del 2019 con dinero ilícito, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SBS. A través de depósitos –principalmente en efectivo– por montos inferiores a los que activan las alertas financieras, se lograron acumular US$150.000 de los US$220.000 a pagar por el inmueble. Según la UIF, estos ingresos “fueron ejecutados en la misma fecha, agencia y hora similar, advirtiéndose estructuración de fondos”.

Esta modalidad, por supuesto, se conoce como ‘pitufeo’. De acuerdo con las autoridades, los depósitos “constituirían actos compatibles con el delito de lavado de activos” y eso explica que la UIF haya enviado ya estos hallazgos al fiscal provincial Richard Rojas Gómez, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos.

Aquí es cuando los personajes empiezan a sonar muy familiares. Rojas es el fiscal que investiga al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien realizó un depósito por US$3.000, y a otras personas vinculadas al partido. Waldemar Cerrón, hermano de Vladimir y congresista por Perú Libre, también hizo un depósito por el mismo monto, al igual que Braulio Grajeda, exviceministro de Gobernanza Territorial y abogado de Vladimir Cerrón; Rogelio Huamaní Rojas, actual director ejecutivo de Agro Rural; y Hernán Condori Machado, militante de la organización y exministro de Salud. Otros investigados por el caso de Los Dinámicos del Centro –una presunta red de sobornos y otros delitos enquistada en el Gobierno Regional de Junín– también figuran en el informe de la UIF.

Así, mientras más se jala de la madeja del financiamiento irregular de Perú Libre, más personajes vinculados al actual gobierno del presidente Pedro Castillo van apareciendo colgados del hilo. Sus participaciones en los depósitos en efectivo de Perú Libre y actividades similares bien podrían explicar los controversiales nombramientos del presidente y, sobre todo, su obstinación por mantenerlos en el cargo cuando era ya evidente que eran insostenibles, como fue el caso del exministro Condori, promotor del “agua arracimada” y patrocinador de procedimientos médicos que no eran tales.

El caso del financiamiento del inmueble, pues, no es un hecho aislado. Más bien es un dato que encaja perfectamente en la figura de un grupo político que se mueve entre la informalidad y la ilegalidad –como otros tantos que han ocupado gobiernos regionales en los últimos años y que utilizaron las mismas estrategias para mantenerse fuera del radar de las autoridades–. La diferencia es que este grupo tuvo la suerte de llegar hasta lo más alto de la política nacional y, a pesar de ello, no habría cambiado sus prácticas clientelares habituales.

Todo hace presagiar que esta historia seguirá en desarrollo y que poco a poco se reconstruirán las piezas que explican mejor la secuencia que va desde los inicios de Perú Libre hasta las incomprensibles decisiones de hoy del presidente Castillo. A veces, como dicen, solo hace falta seguir el rastro del dinero.