Editorial: “Si ustedes me piden que lo anule…”

Que las acciones de un gobierno sean previsibles constituye por lo general una buena noticia. Nadie quiere ser sorprendido por una administración que, de un día para otro, se saca de la manga una medida o una política con la que no se contaba y que parezca contravenir todo lo que se esperaba de ella cuando asumió el poder.

A veces, sin embargo, cuando lo previsible resulta la debilidad de los gobernantes de turno, la noticia deja de ser buena. Y eso es exactamente lo que acaba de suceder con el presidente Martín Vizcarra a propósito de las modificaciones al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que recientemente dictó el Ejecutivo.

Hace solo cinco días, en efecto, comentábamos en esta página los diversos retrocesos que la administración que él encabeza había protagonizado a propósito de decisiones que produjeron alguna forma de protesta en determinados sectores de la ciudadanía. Nos referíamos específicamente a la ‘corrección’ del alza de la tarifa del agua en Moquegua dispuesta por la Sunass, a la promesa de revisar los contratos de concesiones viales, a la desautorización del ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, sobre algunos cambios al Impuesto a la Renta y a la concesión a los gobiernos subnacionales de la capacidad para ejecutar una mayor porción de la reconstrucción del norte, así como a la derogación de los decretos supremos que autorizaban los contratos de licencia para la empresa Tullow Oil.
Y tras esa preocupante enumeración, terminábamos diciendo: “No sorprendería, así, que pronto se prometa revisar los cambios dispuestos en el ISC, ante las protestas que se alzan por el precio de los combustibles”.

Pues, dicho y hecho. Antes de ayer, durante una visita al Cusco y ante la pregunta de un periodista sobre por qué se había tomado una decisión que afectaba a la economía de la población, el mandatario declaró: “Estamos evaluando; le hemos encargado al MEF […]. Somos un gobierno que va a estar siempre del lado del pueblo, y si vemos que una medida afecta, haremos cualquier ajuste”. Para al día siguiente, como consciente del mal mensaje que transmite la permanente vocación de dar marcha atrás en las resoluciones gubernamentales, advertir: “Cuando decimos ‘queremos evaluar’ y veo en los titulares ‘se va a evaluar’, ¡pero si esa es nuestra obligación por cada medida que sacamos! Nosotros evaluamos todas las medidas que tomamos”.

Pero la verdad es que el daño ya estaba hecho. Si bien se puede discutir la idoneidad de esas modificaciones o de algunas otras de las medidas antes mencionadas, no es ese el punto que queremos destacar en este editorial. Lo que realmente nos parece preocupante es el patrón de debilidad y disposición a desandar sus pasos que tiene la presente administración, con el consiguiente efecto de generar en la población la impresión de que nada de lo que anuncia es de carácter definitivo y puede ser desactivado con un poco de bulla y resistencia.

Viene a la memoria una intervención del actual jefe de Estado de marzo del año pasado, cuando todavía era ministro de Transportes y Comunicaciones y existía una gran controversia en torno a la adenda al contrato del Estado con el consorcio Kuntur Wasi para la construcción del aeropuerto de Chinchero. En aquella oportunidad, frente a un auditorio casualmente también cusqueño, dijo él con relación a ese contrato: “Si ustedes me dicen que lo anule, lo hacemos”.

Y aunque en ese momento su gesto pudo ser interpretado como una señal política de que tenía entre manos un proyecto con el que no estaba de acuerdo, hoy, juzgado retrospectivamente a la luz de todo lo sucedido en esa misma línea en los menos de tres meses que lleva en Palacio, el evento adquiere una connotación distinta.

Evaluar, por supuesto, es un ejercicio que toda administración debe hacer con respecto a sus acciones de gobierno… pero antes de adoptarlas y no después. Las rectificaciones deben ser la excepción y no la norma, como parece estar estableciéndose ahora.

Toda política o reforma importante va a encontrar oposición en algún segmento de la sociedad y si esa circunstancia prueba ser inmovilizadora para quienes hoy encarnan el Poder Ejecutivo, el futuro tendrá que esperar tres años más.