Editorial: Golpe avisado

Casi desde que se concibió la Constitución vigente, la izquierda peruana ha buscado cambiarla. Más allá de los pretextos que puedan plantearse para ello, lo cierto es que la ojeriza está dirigida a su capítulo económico y a la distancia que plantea de los modelos estatistas de antaño, cuyo fracaso está plenamente documentado. Y, con prescindencia de cuán descaminada podamos creer que es esa propuesta, poco podría protestarse contra una reforma de la norma fundamental emanada de procesos democráticos y respetuosos del Estado de derecho. Sin embargo, desde Perú Libre se propone todo lo contrario. De hecho, con pocos tapujos, se anuncian caminos que más se asemejan a un golpe que al empleo de mecanismos republicanos.

En concreto, Vladimir Cerrón, ideólogo y portada del plan de gobierno del partido del lápiz, se ha referido recientemente a diversas “vías” para cambiar la Carta Magna. El exgobernador de Junín, condenado por el delito de negociación incompatible, precisó que su plan original es que “el pueblo” decida a través de un referéndum deshacer la ley de leyes (figura inexistente en nuestro marco jurídico sin que participe el Congreso). Empero, de fallar ese camino, propone una “tercera vía”: “Si el Congreso rechaza [el proyecto], se vuelve a presentar por insistencia, y si se rechaza la insistencia, ya se hace cuestión de confianza del Gabinete, y si cae un Gabinete, bueno pues, ya saben qué pasa constitucionalmente cuando cae un segundo Gabinete”. En otras palabras: si el Parlamento no se ciñe a sus intereses, será disuelto.

No se entiende, sin embargo, cómo la aplicación de esta “tercera vía” habría de facilitarles las cosas, toda vez que, extinto el Legislativo, queda la Comisión Permanente hasta que se elija uno nuevo y la Constitución no le faculta a esta (artículo 101) “materias relativas a reforma constitucional”. El Ejecutivo, por su parte, no es un poder constituyente y, además, no puede convocar unilateralmente un referéndum para ese fin sin que sea aprobado por el Congreso (artículo 206). En suma, solo se podría considerar esta una “vía” para los fines de Perú Libre si el objetivo es vulnerar las normas vigentes, lo que equivaldría a un golpe de Estado…

El panorama es preocupante y el candidato a la presidencia del partido en cuestión ha buscado poner paños fríos deslindando de lo dicho por Cerrón: “El señor Cerrón no tiene nada que ver con esta lucha”, ha sentenciado. Pero, a estas alturas, la distancia que sugiere del fundador del partido que lo quiere llevar a la presidencia se sabe hechiza. Cerrón, además de ser el autor del plan de gobierno presentado al Jurado Nacional de Elecciones por esta agrupación, cuenta con el respaldo de los virtuales legisladores de Perú Libre. También es un vocero de facto y acompaña de cerca al líder sindicalista en la campaña, al punto que fueron juntos a la Embajada de Rusia para coordinar una potencial adquisición de la vacuna producida en este país. Así, las declaraciones de Castillo sirven de poco consuelo para los objetivos antidemocráticos de su socio.

Dicho todo esto, la reflexión debería llevarnos más allá. Si el camino definido para deshacerse de la actual Constitución se desvía de los límites del Estado de derecho, está casi garantizado que el proceso para sustituirla tendrá las mismas características, y un régimen de pulsiones autoritarias (confirmadas por su animosidad hacia el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Parlamento) buscará proyectar ese espíritu a la nueva norma fundamental. En fin, ¿qué asegura que, si la elección de una asamblea constituyente no corresponde a los objetivos de un Ejecutivo liderado por Castillo, se respetará el designio popular? Si el proyecto de Perú Libre, sin que siquiera se hayan instalado los nuevos poderes ni elegido el nuevo jefe del Estado, incluye forzar la disolución de un Parlamento novel, es claro que la voluntad popular no se valora.

Así, el golpe parece estar avisado en caso Castillo y su equipo se hagan del poder. Solo queda que la ciudadanía no pierda esto de vista.