Editorial: La caída de Chávarry

Esta semana, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó por unanimidad al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry del Ministerio Público –a donde había llegado hace casi tres décadas– y le impuso una prohibición para que pueda ocupar otro cargo público en el sistema de justicia. Se inicia, así, el epílogo de una historia que, durante poco más de dos años y medio, le mostró al país el peor rostro, de un lado, de un fiscal que nunca se avergonzó de sus mentiras, que se aferró al puesto cuando su situación ya era insostenible y que alentó a algunos de sus colaboradores a violar la ley y, del otro, de los partidos –Fuerza Popular (FP) y el Apra– que lo blindaron en el Congreso hasta el último día. Una historia que, por momentos, nos trajo demasiadas reminiscencias de los años 90.

A Chávarry, como sabemos, la JNJ le abrió un proceso disciplinario tan pronto se instaló, hace casi un año. En julio pasado, y en el marco de este caso, el organismo había ordenado su suspensión por seis meses; una medida que saludamos en su momento desde estas páginas pero que, como advertimos, era provisional. Ahora se ha logrado un avance significativo.

En la audiencia del lunes, a Chávarry se lo declaró responsable por tres hechos: i) “haber faltado a la verdad” sobre su conocimiento de las gestiones realizadas por el exjuez supremo César Hinostroza con el empresario Antonio Camayo para celebrar una reunión con periodistas a fin de mejorar su imagen en los medios, ii) “haber propiciado” el deslacrado y la sustracción de documentos de la oficina de su exasesor Juan Manuel Duarte en una diligencia llevada a cabo por el equipo especial Lava Jato sobre el caso de los aportes a FP, y iii) “haber convocado” a un asesor del Congreso y a una fiscal a su despacho para tomar acciones, precisamente ante el allanamiento en la sede del Ministerio Público como, por ejemplo, “gestionar algún tipo de adhesión política o congresal”.

Por todo lo anterior, según la integrante del pleno de la JNJ y ponente del caso, María Zavala, su destitución resultaba “no solo idónea, sino adecuada, para coadyuvar al fortalecimiento del sistema fiscal al expulsar a un fiscal supremo que ya no está en capacidad de generar confianza en la ciudadanía en el ejercicio de sus funciones, por la forma arbitraria [y] antijurídica en que se ha conducido”. Su comportamiento –alegó Zavala– fue “ilegítimo, indecoroso, indigno [y] repudiable”. Un cuarto cargo, el de haber coordinado acciones con Hinostroza y Camayo para salir elegido fiscal de la Nación, fue desestimado por la Junta.

Decíamos al inicio que la salida de Chávarry del Ministerio Público –una institución a la que tanto perjudicó y cuya imagen enlodó cuando la presidió– es apenas el inicio del epílogo de su paso por el sistema de justicia porque aún le quedan tres procesos pendientes. Dos en la propia fiscalía, que lo investiga por presuntamente haber intentado obstruir y conseguir información del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht y por su pertenencia a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto (habría sido un ‘punto nodal’ de esta “con la función de expandir [su] red de influencias”, ha escrito sobre él el fiscal supremo a cargo de las pesquisas, Pablo Sánchez). Y uno más en el Congreso (el único que sobrevivió en esta instancia y que fue descafeinado por sus protectores en el hemiciclo) por el deslacrado de las oficinas.

Pero más allá de cómo terminen estos procesos, la cancelación de su título de fiscal es desde ya una buena noticia para todos aquellos que buscan recuperar algo de confianza en las instituciones de justicia y una pésima para quienes creen que puedan subyugar estas a sus intereses. Y también, por supuesto, para aquellos que usaron una cuota de poder político en un intento desesperado y deshonroso de protegerlo hasta el final.