Embajador de la desestabilización

Carlos Zamora, hombre de inteligencia del régimen castrista desde 1968 y enviado por Cuba como embajador a nuestro país en el 2021, a poco de haber llegado al poder Pedro Castillo, ha partido de retorno a La Habana en circunstancias que apuntan a una decisión política del gobierno del presidente José Jerí. La cancillería informó el viernes pasado que el 28 de octubre Zamora había sido convocado por el vicecanciller, Félix Denegri Boza, “a fin de dialogar con él respecto a las actividades desarrolladas durante su gestión en el Perú” y que, a partir de lo tratado en la reunión, el embajador había terminado sus funciones aquí y había dejado el territorio nacional “en forma definitiva”. Un comunicado en el que la entrelínea sugería claramente que la decisión de su partida no había sido suya ni de su gobierno, y que había sido motivada por aquellas “actividades” suyas que fueron materia de la conversación con el vicecanciller.

Desde hace tiempo circulaban versiones sobre el involucramiento del diplomático en las marchas y asonadas que derivaron en acciones violentas tras la vacancia de Castillo, y también en las ocurridas recientemente tras la remoción de Dina Boluarte de la presidencia. De hecho, Zamora llegó al Perú precedido por una fama que lo vinculaba a actividades de ese tipo en otros países de la región, y más de una voz había reclamado durante los últimos años que se pidiera oficialmente su retiro al Gobierno Cubano.

En una carta dirigida al canciller, Zamora presenta lo sucedido como un hecho regular, producto de la culminación de su período como representante de La Habana en nuestro país, pero, según las fuentes de la Unidad de Investigación de El Comercio, esa explicación no se ajustaría a la verdad. Tales fuentes hablan de informes de inteligencia policial sobre actividades del ahora exembajador alineadas con los “ánimos desestabilizadores” extranjeros que han estado influyendo en la situación política interna del Perú.

Así las cosas, la decisión del gobierno luce adecuada y parece poner fin a un problema que la administración de la señora Boluarte no se atrevió a enfrentar. La reacción, sin embargo, no debe quedar allí. Debemos estar muy atentos a las características del próximo embajador que Cuba quiera enviar a Lima y averiguar qué fue de los profesionales de distintas especialidades que ese mismo país repartió por nuestro territorio con el argumento de que se trataba de “misiones de ayuda”. La intromisión desestabilizadora no debe ser aceptada, sino más bien cortada de raíz.