Discordia en el piso 9

Era la mañana del 12 de abril en el noveno piso de la sede principal del Ministerio Público, en la avenida Abancay. Estaba reunida la Junta de Fiscales Supremos, con cuatro magistrados: Patricia Benavides, fiscal de la Nación, la presidenta; Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez −quienes ya ocuparon el más alto cargo−, y Juan Carlos Villena. En algún momento expresaron sus sentires sobre algunos aspectos de la vida institucional. El intercambio dice algo de la pugna de facciones que, librada dentro y fuera de la institución, constituye el problema principal del Ministerio Público y podría haber llegado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Un tema en discusión fueron las declaraciones que brindó Zoraida Ávalos al semanario “Hildebrandt en sus trece”, en las que afirmó que la JNJ estaba investigando a Patricia Benavides por supuestas anomalías en su tesis de doctorado. La tesis ha desaparecido del archivo de la Universidad Alas Peruanas. La acreditación del doctorado le otorgó a Benavides un puntaje óptimo para ascender al nivel de suprema en el 2022, un paso previo a su nombramiento como fiscal de la Nación. En la entrevista, la periodista Rebeca Diz preguntó:

−¿Le aconsejaría a Patricia Benavides que muestre su tesis?

−No me ha pedido consejo −repuso Ávalos−. Yo lo haría. Yo no la critico. La Junta Nacional de Justicia la está investigando.

Benavides le dijo a Ávalos que no era cierto que la JNJ le hubiera abierto investigación por la tesis. Ávalos replicó que en una sesión ella reveló que la JNJ le había pedido publicarla. Benavides admitió que sí, pero eso no significaba que estuviera siendo investigada. No lo estaba.

Ávalos se avino a llamar a la periodista que la entrevistó para aclararlo, aunque a continuación reclamó el derecho de defenderse ante las imputaciones en el Congreso. La Comisión Permanente ha acordado acusarla constitucionalmente porque abrió y paralizó, en el mismo acto, una investigación contra Pedro Castillo, pasible de ser reactivada después de finalizado su mandato. Pidió inhabilitarla por cinco años. La denuncia presume que eludió su obligación de perseguir el delito al permitir que el tiempo erosionara las pruebas contra el expresidente. No es seguro que la inhabilitación prospere −la izquierda castillista la apoya y se requerirían unos 60 votos−, pero posiblemente, con una votación menor, le será levantado el fuero. Entonces afrontaría una investigación penal. En la entrevista Ávalos dijo que era víctima de una venganza de sus enemigos. Y lo repitió aquella mañana ante sus colegas de la junta de supremos. Ellos, agregó, no la habían defendido.

¿Cómo tendrían que haberla defendido sus pares? Según Ávalos, reclamando públicamente garantías a la independencia jurisdiccional. Sostuvo que su decisión de haber suspendido la investigación a Castillo después de iniciarla seguía la línea de anteriores fiscales de la Nación que jamás abrieron proceso a ningún presidente. Arguyó que después de hacerlo −cambiando la tradición− debía dejarlo en suspenso, ya no podía hacer más, limitada como estaba por el artículo 117 de la Constitución, que indica que el presidente es ininvestigable. Como es sabido, esta limitación fue ignorada por Pablo Sánchez en su interinato (marzo-junio del 2022), al disponer la investigación preliminar de Castillo. Luego Patricia Benavides arremetió contra la corrupción del régimen en varias carpetas, desencadenando los hechos que produjeron su caída, a fin de año.

Pablo Sánchez intervino opinando que estaba muy bien que Ávalos se defendiera, pero sin señalar nombres. A él lo había mencionado diciendo que solo denunció ante el Congreso a tres autoridades con protección constitucional, a diferencia de ella, que lo hizo con 43 aforados.

Sánchez, pues, estaba amoscado. Villena, el cuarto magistrado de la sala, habló poco. Se limitó a decir que la votación en el Congreso era pura política, que allí no importarían razones.

−Estoy sola −dijo Ávalos en cierto momento.

−Yo también estoy sola −dijo Benavides−. Tengo un ramillete de denuncias ante la Junta Nacional de Justicia.

−Yo todavía no paso ratificación −anotó Sánchez.

La reunión continuó en un tono áspero, pero educado y sin que nadie levantara la voz. Ávalos se quejó de que la oficina de imagen no hubiera sacado algo cuando fue ratificada. También de que la administración de Benavides no conservara a uno solo de sus colaboradores. La fiscal de la Nación contestó que ella trabajaba con personal de confianza, como Ávalos lo había hecho.

Es verdad que, tras el vencimiento del período de Ávalos, en el 2022, fue desplazado el grupo que trabajaba con ella. Este sector esperaba consolidar su poder con una nueva sucesora, Delia Espinoza, actual representante del Ministerio Público en el JNE. Pero salió elegida Patricia Benavides. Las denuncias que esta afronta ante la JNJ provienen en buena medida de los desplazados.

En la reunión del 12 de abril nadie mencionó la pugna sorda, pero eran conscientes de ella. Las reiteradas alusiones a su soledad que hizo Ávalos no traducían lo que realmente cree el sector que la apoya: que operadores de la fiscal de la Nación coordinan con el sector derechista del Congreso para que sea suspendida. Benavides, por su parte, parece segura de que el sector que fue desplazado en el Ministerio Público está a la espera de que la JNJ haga rodar su cabeza, en connivencia con un sector de este organismo. Cuando la JNJ decidió abrirle investigación por llamadas telefónicas con alguien imputado en el Caso de Los Cuellos Blancos, según un informe policial ya desmentido por su supuesto autor, ella salió públicamente a decir que era una ilegalidad. Fue una sobrerreacción, debió allanarse de inmediato. Pero partió del supuesto de que la JNJ, que conocía la indigencia del informe, estaba actuando parcialmente.

Está por verse que la pugna haya llegado a la JNJ. Luego del descubrimiento de audios que comprometían a jueces y fiscales con actos de corrupción, en el Caso de Los Cuellos Blancos, hubo un proceso de limpieza judicial no exento de artimañas. Existió un manejo discrecional de audios e imputaciones para que influyeran en el diagrama de poder del sistema, un proceso “acompañado” por quien tenía denuncias dormidas: el expresidente Martín Vizcarra. Fue una etapa de ostensible pérdida de autoridad, con el endiosamiento de los fiscales que llevaban el Caso Lava Jato (cuya ejecutoria, en breve, será puesta a prueba en los tribunales). En el camino, por diferencias sobre el manejo de Los Cuellos Blancos, se rompió la alianza que había entre Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, cuyo equipo finalmente se apoderó del caso. Lo perdió cuando la actual fiscal de la Nación tomó el poder. Una de las principales divergencias está en los beneficios patrocinados para Walter Ríos, expresidente de la Corte Superior del Callao, en connivencia con un estamento del Poder Judicial.

Pese a denuncias públicas, la JNJ no parece interesada en investigar el manejo de Los Cuellos Blancos por parte de quienes reclaman haber sido removidos. Ahora va a determinar si los cambios que hizo Benavides tuvieron el móvil de evitar que sus vinculaciones con una mafia aparecieran. Muy bien. ¿Cómo va a hacerlo sin haber hecho una revisión del proceso? El resultado, que puede implicar un cambio de la máxima autoridad, será materia de observación.

Volviendo a la reunión, hacia el final continuaba un cordial intercambio de opiniones sobre el personal asignado. Zoraida Ávalos le preguntó a Patricia Benavides:

−¿Alguna vez yo le quité a su personal o no la dejé trabajar? Usted trabajaba libre.

−No, doctora, la única que venía a trabajar durante toda la pandemia fui yo. Bueno, ya nos estamos desviando del tema.