Un extraño en el MEF

José Salardi ya sabía que cuando llegara a gobernar el MEF, removería a varios directores generales. Tenía el convencimiento de que allí se originaban trabas para los proyectos de inversión. Lo iban a nombrar a comienzos de año, pero en camino a Palacio de Gobierno para jurar le dijeron que el acto se suspendía. Asumió el 31 de enero. De modo que mientras esperaba su momento tuvo tiempo de pensar en los cambios que realizaría para promover inversiones, que era para lo que lo llamaban. Pero 103 días después, pese a que sobresalió como alguien eficaz en un Gabinete desacreditado, al punto que la presidenta se mandó jamones sobre las perspectivas de la economía, resistencias internas acabaron con el experimento.

Salardi puso en marcha un paquete desregulatorio que ahora muestra un signo de interrogación. La brecha de infraestructura del Perú (inversión estimada para realizar obras públicas indispensables) supera los US$150.000 millones. El ministro planteó impulsar proyectos por US$70.000 millones en los próximos dos años, para lo cual diseñó 402 medidas que destrabaran procesos. Llegó a ejecutar 227 antes de que le pidieran la renuncia, con un impacto económico de US$1.600 millones, según consideró su equipo. Para preparar la matriz de normas sostuvo alrededor de 150 reuniones con grupos empresariales de distinto tamaño, que fueron los que más lamentaron su salida.

Dentro del Gabinete, en cambio, varios ministros se frotaron las manos, porque Salardi se había metido en sus predios sin permiso, quitándoles programas para unificarlos con este lema: “Más inversión, menos burocracia”. Salardi confió en que la presidenta, que sonríe mucho después de la cirugía estética del doctor Mario Cabani, lo apoyaría hasta las últimas consecuencias. Los desplazados del MEF sonrieron aún más al conocer que se iba.

La visión de Salardi sobre el rol del MEF en la ejecución de grandes obras públicas procedió de su experiencia en Pro Inversión, cuya dirección ejecutiva ejerció entre el 2023 y el 2025. En el 2024 consiguió adjudicar 16 obras por US$9.000 millones, la cifra más alta en diez años, además de romper récords en obras por impuestos. Esto fue obtenido pese a normas que obstaculizaban el desarrollo de proyectos, según un diagnóstico que encargó para dinamizar la agencia. El rol del MEF, concluyó el informe, era un obstáculo y debía ser reformulado. Salardi no peleó por una reforma en ese momento, pues carecía de apoyo político, pero lo hizo cuando accedió al ministerio.

De acuerdo con el diagnóstico, las opiniones vinculantes del MEF para el desarrollo de las iniciativas, desde el diseño hasta la adjudicación, bajo el supuesto de que su filtro garantizaría calidad técnica, correspondían a un esquema desacertado, que paralizaba a Pro Inversión. Los proyectos ingresaban a una cola de atención por parte de funcionarios del MEF que tenían un campo más amplio de responsabilidades, y cuya competencia profesional en el tema específico podía ser menor que la de quienes elevaban las propuestas. Como la norma establecía que el ministerio tenía un plazo de 15 días para responder, vencido el cual se consideraba una conformidad, los evaluadores solicitaban que los materiales les fueran enviados previamente, sin registro, para “revisarlos antes”. Así el reloj se detenía. Había más observaciones cuando el despacho llegaba oficialmente.

La rectoría del MEF sobre Pro Inversión fue establecida por Alonso Segura cuando fue ministro del ramo, en el 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala. Aunque en el 2014 hubo un incremento impresionante de inversiones, declinaron desde el año siguiente. Salardi apoyó una ley del Congreso que modificara los regímenes de las asociaciones público-privadas (APP), y de los proyectos en activos (PA), suprimiendo las opiniones vinculantes del MEF y dándole el poder a Pro Inversión. El MEF coordinó con distintos parlamentarios, preparando los argumentos de un proyecto aprobado el 16 de abril. Fue presentado por Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular. En la motivación hay cuadros que indican un aumento significativo de los plazos de concreción de las APP desde la reforma del 2015. Señala que más del 30% de las iniciativas permanecen entre seis y 14 años sin aprobarse a partir de su formulación.

Alonso Segura, quien preside el autónomo Consejo Fiscal del MEF, se opuso abiertamente. Sostuvo que Pro Inversión no tiene la capacidad para dirigir los procesos, y que la propuesta de reforma avanzó sin discutirse con expertos ni consultar al Gabinete. El Consejo Fiscal expresó su preocupación por la posible afectación del equilibrio fiscal con grandes proyectos que crearían obligaciones presupuestales, sin el rol insustituible del MEF. Salardi respondió indirectamente, así que no ha habido un contradictorio público en un debate que tiene mucho de técnico. Un punto es cómo el MEF podría ejercer un papel rector sin empollar los trámites. Luego de su renuncia, Salardi escribió que al pronunciarse el Consejo Fiscal exhibió un desconocimiento mayúsculo sobre gestión de proyectos. El nuevo ministro, Raúl Pérez-Reyes, ha anunciado que el gobierno observará el dictamen, confirmando que en el Gabinete había objeciones no expresadas. Podría ocurrir que el Congreso insista y empodere a Pro Inversión siguiendo el diseño de Salardi.

Mientras tanto, experimentará modificaciones la supresión de 14 programas de inversión que estaban asignados a varios sectores, y cuyo traslado a una central anunció el renunciante. Salardi supo que la idea podía despertar oposición. Primero se la explicó al hombre del ceño fruncido, el primer ministro Gustavo Adrianzén −estaba con sus asesores−, quien sin relajar las cejas dio su aprobación. Luego la presentó a Dina Boluarte, a fin de que la exhibiera como un ejemplo de eficacia. También ella asintió, y dijo que le interesaría anunciarlo junto con otros logros económicos de su gobierno. La propuesta volvió al MEF, donde se preparó una segunda muestra, que luego de realizada regresó nuevamente, ante un par de atingencias. Hubo una tercera y cuarta presentación, a lo largo de un mes, hasta que el 5 de mayo la presidenta pudo lanzar su recordado discurso sobre una economía prometedora. Dijo que la reducción de programas, a partir del 2026, permitiría un ahorro sostenido de S/4.000 millones al año.

Esta decisión les quitaba la mamadera a varios ministerios. Al de Transportes y Comunicaciones, de Pérez-Reyes, el jugoso Provías. También a Vivienda, Salud, Educación y a otros. Ningún sector desea quedarse sin esta fuente de recursos y de nombramientos. Además, habría que reubicar o remover a más de cuatro mil personas, algo que a la presidenta no le hizo ruido al comienzo, pero después sí. Pérez-Reyes ya declaró que esta reforma se mantendrá, que será gradual, y que se respetarán los derechos adquiridos. O sea que no va a ser radical. Paradójicamente, mientras Salardi renunciaba al MEF, parte de sus funcionarios estaba en Buenos Aires, entrevistándose con el equipo de la motosierra de Javier Milei. Las reuniones solo quedarán para el recuerdo.

De otro lado, Boluarte no había encontrado receptividad en Salardi cuando le habló de que había que soltar recursos a tal o cual región, por pedido de determinados congresistas. Y el tema de Petro-Perú lucía como una bomba de tiempo porque el MEF no iba a servir de aval para que obtuviera dinero ante las obligaciones que debe afrontar −y no sabe cómo− antes del medio año. Son US$170 millones en junio. Salardi terminó siendo un estorbo para Dina y sus ministros cercanos. La reflexión que podría hacerse es que la dimensión de las reformas que pretendía, pese a que solo involucraban a una parte del Estado, necesita de la voluntad política de todo un Gabinete, que a la vez tuviera un líder. En fin, otro gobierno, quizá otra vida.